Los estados contemporáneos han reconocido derechos a los individuos que permiten una adecuación con los parámetros de vida de estos tiempos, pero el gran dilema radica en la posibilidad que tiene el ciudadano de poder tener acceso al sistema judicial de tal manera de efectivizar aquello que se encuentra plasmado en la ley.
En los supuestos de los grupos vulnerables la cuestión tiene una mirada afligente por los inconvenientes al ingresar al engranaje legal y existir obstáculos burocráticos en el ejercicio pleno de esos derechos. Los derechos a un acceso irrestricto a la justicia se encuentran plasmados en la Declaración de Derechos Humanos, donde converge la idea de un servicio de justicia para todos los habitantes sin distinción alguna.
Este novel horizonte presenta resabios en torno a las dinámicas y prácticas judiciales relativas a la violencia de género que desencadenan, en reiteradas oportunidades, en violencia institucional que incrementa la situación de vulnerabilidad de la víctima y con ello el valladar para garantizar los derechos a través de la prevención e investigación diligente, en razón de que ningún ciudadano puede ser sustraído de la protección judicial y del ejercicio de sus derechos.
La esencia de la cuestión radica en la igualdad que se encuentra en la unidad de la naturaleza humana y es inherente a la dignidad de la persona, siendo contrario a cualquier situación que constituya un antagonismo donde se considere superior a un determinado sector de la población, con los privilegios que ello representa, o por el contrario considerarlo inferior, tratándolo con animadversión, discriminándolo, en el ejercicio de sus derechos, entonces el principio de igualdad ante la ley y no discriminación es el cimiento donde reposa el orden público nacional e internacional y no se aparta de ése contexto “el acceso a la justicia” que tiene como implicancia incluir normas civiles, penales, administrativas entre otras, que permitan a determinados sectores de la población quebrar con las barreras de carácter institucional que generan situaciones de sistemática vulneración y exclusión dentro del ámbito judicial.
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