Los autores formulan un estudio de los alcances del derecho a la salud en contextos de encierro y de las consecuencias jurídico-penales derivadas de las conductas omisivas frente a esta prerrogativa a partir de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Hernández vs. Argentina”. A tales fines, se exponen diversas consideraciones en punto a la posición especial de garante que asume el Estado frente a las personas privadas de su libertad y de la resocialización social como imperativo constitucional.
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