Desde hace varios años, los Juzgados de Menores Nacionales, cuentan con equipos conformados por diversas disciplinas (fundamentalmente trabajadoras/es sociales y psicólogas) no abogados/as que fueron tradicionalmente encargados del trabajo cotidiano con los/as menores de edad. En los últimos años, ha modificado las características del colectivo que nos agrupa y la dinámica propia del trabajo, identificando como acciones principales el acompañamiento y el seguimiento del/a joven durante su proceso judicial, consensuando estrategias de intervención entre los profesionales involucrados.
Esta función ha sido desplegada por profesionales designados/as como Delegados/as Inspectores/as de Menores, enmarcadas en sus inicios en las leyes 10903 (Ley de Patronato) y ley 22278 del Régimen Penal de la Minoridad, como normas que fundaron este espacio y las legislaciones vigentes: ley 23849 de la Convención de los Derechos del Niño y por último la Ley 26061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
La construcción de un espacio de trabajo interdisciplinario, con anclaje en los derechos de los/as jóvenes, teniendo en cuenta la especificidad de la temática y las características institucionales propias de un organismo de justicia, conduce a elaborar propuestas de intervenciones situadas en la singularidad y en la complejidad de este escenario actual y su contexto. Esto incluye la dimensión socioeconómica del momento actual que atraviesa el sistema social.
La categoría de género amplía a su vez la mirada acerca de las condiciones de desigualdad de los y las jóvenes. Es fundamental incorporar esta variable para la identificación de las opresiones específicas en materia de género teniendo en cuenta las inequidades históricas resistidas por este colectivo social.
En función de ello, las autoras procuran reflexionar en este trabajo sobre las características de las jóvenes cuando ingresan al sistema penal y las particularidades que adquiere la construcción de estrategias que despliegan acciones que permitan garantizar algunos de sus derechos vulnerados y modificar su situación inicial.
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