Revista de Ciencias Penales Pensamiento Penal nro. 84 del 16/05/09, ISSN: 1853-4554.
A partir de la consagración de políticas prohibicionistas, el llamado "problema de la droga" suele instalarse de modo recurrente en el centro del debate público. En lo que concierne a la penalización del consumo personal, por ejemplo, la discusión jurídica acerca de su legitimidad muestra una extensión tal que es posible tomar postura en uno u otro sentido mediante la simple recopilación de argumentos ya acumulados, sin agregar nada a lo dicho ni producir hallazgo teórico alguno, como lo observara Zaffaroni hace ya más de dos décadas (1986:236).
En la actualidad, el tema cobró vigencia a partir del proyecto oficial tendiente a despenalizar la conducta de los consumidores, del inminente pronunciamiento de la CSJN en la misma dirección, y del documento suscripto por varios "sacerdotes villeros" donde advierten que en los asentamientos más pobres del conurbano bonaerense las drogas se encuentran "despenalizadas de hecho", y alertan sobre la preocupante propagación del "paco". A su vez, y en virtud del automático proceso que asocia droga-criminalidad violenta, también el incremento generalizado de la sensación de inseguridad (fundada, entre otras cosas, en un probable aumento de los índices delictivos1) opera como disparador de las discusiones en torno a la cuestión. Los medios de comunicación, por su lado, han multiplicado las noticias sobre el mencionado "flagelo" como si se tratara de un problema nuevo o recién descubierto.
Como sea, muchos desacuerdos parecen ser inconciliables y muchas preguntas carecen de una respuesta única. ¿El consumo de drogas es un delito o un derecho? ¿Afecta sólo al usuario o también perjudica a terceros? ¿La despenalización implica que el Estado se desentienda absolutamente del problema? ¿Por qué se han legalizado algunas drogas y no otras? Y, en última instancia, ¿qué medidas son más eficaces con miras a la prevención de sus efectos adversos?
Sin pretender contestar todas ellas, aquí se efectuarán algunas aproximaciones con respecto a ciertos puntos básicos sobre los cuales es necesario –y según creo, es posible- establecer una base de consenso medianamente apreciable. Sin no hay acuerdo con respecto a estas cuestiones, me parece que será difícil proyectar políticas que estén a la altura del problema que se intenta combatir.
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