Este artículo se desarrolló dentro del Área de Sociología de la Justicia Penal en el Instituto de Cultura Jurídica (Universidad Nacional de La Plata) en el marco del proyecto de investigación “Condiciones y condicionamientos dentro de la justicia penal en la Provincia de Buenos Aires: elementos para analizar su autonomía” (PPID 2019-2022) y se publicó en Via Iuris.
Para citar este artículo:
Kostenwein, E. (2021). El castigo judicial, las instituciones y sus efectos. Algunas concepciones desde la justicia penal. Vía Iuris, (31), 1-35. https://doi.org/10.37511/viaiuris.n31a2
El fenómeno del castigo ha sido estudiado en las últimas décadas desde vertientes y disciplinas diversas, especialmente a partir de su definición en tanto artefacto cultural (Garland, 1991, 1993). Nuestra propuesta es llevar adelante una breve exploración sobre la categoría de institución, su polivalencia e importancia hacia el interior de las ciencias sociales, para luego reflexionar sobre el castigo en tanto compleja institución social (Garland, 2006). Esto último nos abrirá el camino para ofrecer algunos componentes de lo que consideramos como la dimensión judicial que posee el castigo en tanto institución social. Si bien hoy parece aceptarse que la penalidad es algo más que un suceso simple, y se da por hecho que la ciudadanía tiene vínculos diversos con los significados asociados a la sanción estatal (Bottoms, 1995), menos se conoce sobre la especificidad que tiene el tema hacia el interior de la administración de justicia penal. En este sentido, el presente artículo pretende contribuir a individualizar dos elementos de la esfera judicial que colaboran para la configuración de la ya mencionada institución social del castigo, puesto que son los integrantes de la misma justicia penal quienes deciden sobre la necesidad de sancionar, junto con la determinación de esa sanción.
El primero de los elementos está relacionado con las instituciones que los propios actores judiciales consideran relevantes a la hora de analizar la administración del castigo estatal.
El segundo componente se vincula con el impacto concreto que produce la pena, siempre según las percepciones que tienen al respecto los operadores jurídicos, lo cual consideramos importante puesto que es la propia justicia la que envía a las personas a la prisión, la que está autorizada para registrar el progreso de la ejecución de la condena, y dar apoyo a aquellas personas que han abandonado el ámbito penitenciario.
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