La implementación del sistema acusatorio a nivel federal en Argentina importa un cambio sustancial, no solo en el proceso penal propiamente dicho, sino en toda la estructura funcional de los órganos intervinientes, especialmente el Ministerio Publico Fiscal.
Así, la Dirección General de Acceso a la Justicia (en adelante DAJ) surge como una instancia clave de articulación a la luz de los nuevos paradigmas y principios que inspiran el proceso penal federal, especialmente en los casos en los que el titular de la acción penal dispone no someter el conflicto derivado de un hecho delictivo al proceso dirigido a la sanción punitiva, sino abordarlo desde otras herramientas no sancionatorias, especialmente aquellas dirigidas a generar mecanismos de resolución alternativa de los conflictos, o bien restituir derechos y garantizar el acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad.
En este contexto, el presente trabajo desarrolla un análisis del marco normativo, las funciones y competencia de la DAJ y una propuesta de intervención en el contexto de la implementación del sistema acusatorio en la jurisdicción de Cuyo y Rosario.
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