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De manera creciente, varios países latinoamericanos están promoviendo que el consumo de drogas sea tratado como un tema de salud pública, no penal. Sin embargo, el acceso a programas de tratamiento basados en la evidencia continúa siendo lamentablemente inadecuado a lo largo del hemisferio y obligar a la gente a someterse a tratamiento –a menudo en comunidades terapéuticas que utilizan la religión en vez de la ciencia para “tratar” la dependencia de drogas– es perturbadoramente común.
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