El consentimiento ha tenido un amplio
reconocimiento en la
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tradición liberal como mecanismo adecuado para
distribuir cargas entre
las personas. Como el Estado no se encuentra
legitimado para imponer
un modo de vida determinado, los individuos
están facultados para, a
través de su autonomía individual, elegir los
cursos de acción que se
adecúen a sus respectivos intereses. Una
concepción de este tipo trae
consigo el peligro –ante la prohibición de
cualquier restricción al
consentimiento de las partes- de una
justificación perfeccionista del
castigo y de la legitimación de graves
desigualdades. Así, el
«consentimiento» y la «autonomía privada»
permitirían validar
sanciones
draconianas y bloquearían cualquier posibilidad
de restaurar un
equilibrio entre los interesados sobre los que
reinan diferentes
poderes de negociación, de disposición de
recursos económicos, etc.
Sin embargo, una teoría que restrinja la validez
del consentimiento
podría estar encubriendo, al vetar ciertas
autonomías, una legislación
perfeccionista. Este trabajo explora una posible
respuesta al
conflicto planteado, apelando a una noción
deliberativa del derecho
penal que, al tiempo que no abjura de un
«objetivismo moral», prioriza
el rol de la deliberación pública y de sus
precondiciones en la
legitimación de la sanción y aplicación de las
normas penales.
Doctrina
Mar
04
2018
Proyecciones de un derecho penal deliberativo sobre la relevancia jurídica del consentimiento: Un análisis sobre sus límites como mecanismo para la distribución de consecuencias lesivas
Por: Hernán Darío
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