El régimen internacional de fiscalización de estupefacientes, diseñado hace medio siglo, no demanda la penalización de las personas que usan drogas, aunque no descarta plenamente dicha opción. Ninguna de las Convenciones compromete a los países signatarios, por ejemplo, a criminalizar la tenencia de sustancias prohibidas para consumo personal, como figura principal por la cual los consumidores son detenidos selectivamente por las fuerzas de seguridad y encausados ante los estrados judiciales.
Sin embargo, el abordaje penal se ha basado en la persecución y sanción de toda conducta relacionada a las drogas prohibidas, reprimiendo tanto su cadena de valor -cultivo, producción, distribución, tráfico y comercio-, como a los propios consumidores. Dicho enfoque penal respecto de las personas que usan drogas, ha sido objeto de abundantes críticas de los órganos internacionales a nivel regional y global, instando a los países a enfocar sus esfuerzos en abordajes sociosanitarios con basamentos científicos y respetuosos de los derechos humanos, por encima de los abordajes punitivos.
El objetivo del presente texto es realizar un recuento de la información y declaraciones desde el año 2008 a 2017, a fin de que sirvan de aporte al debate actual en materia de no criminalización de los consumidores y el respeto de sus derechos humanos. En dicha recopilación hemos intentado reflejar la opinión de diversos organismos internacionales, seleccionando las que consideramos más representativas al objeto del presente trabajo.
Finalmente, cabe destacar que una de los objetivos del presente texto, ha sido traducir los contenidos de varias de las declaraciones aquí glosadas, a fin de democratizar la información y sortear las barreras idiomáticas que puedan obstaculizar a su acceso.
Comentar