Ley para la Acreditación Funcional de Establecimientos para la Privación de la Libertad y Control de la Superpoblación

06 de Marzo,
2017. font-family:"Arial",sans-serif;color:#222222">



El jueves 2 de marzo, poco antes de las siete de
la tarde, se desató

un incendio en la Comisaría 1ª de la Policía
Bonaerense en la Cuidad

de Pergamino. En la celda colectiva donde ninguna
persona debería

haber estado detenida, porque es esa una función
propia de la agencia

penitenciaria, convivían hacinadas diecinueve
personas, todas ellas

detenidas cautelarmente. Siete de ellas murieron.



Corresponderá a la justicia ordinaria, y al
esfuerzo de los organismos

y organizaciones de derechos humanos que trabajan
en la Provincia de

Buenos Aires indagar las causas y circunstancias
en que se produjo el

incendio, y las responsabilidades a título
personal que en su caso les

correspondan a los funcionarios implicados. La
utilización apresurada

en medios de comunicación de términos como motín,
incidentes o pelea

diluye el rol de las agencias estatales en él, y
pone el foco en

investigar y juzgar a las verdaderas víctimas de
la tragedia: los

detenidos y sus familiares.



Por lo pronto, corresponde dejar asentada una vez
más la

responsabilidad estatal ante la muerte de cada
persona que decide

privar de su libertad, por delitos leves o graves,
procesados o

condenados. Durante el año 2016, por caso, se han
registrado tres

muertes por incendio en cárceles federales, dos de
ellas en el CPF I

de Ezeiza y la restante en el CPF III de Gral.
Güemes. Con esa

perspectiva, la Procuración Penitenciaria de la
Nación inicia una

investigación independiente ante cada caso de
muerte de una persona

detenida bajo custodia del Servicio Penitenciario
Federal.



La experiencia institucional acumulada permite
reconocer que son

prácticas estructurales y arraigadas, pero también
judiciales, las que

provocan como efecto de conjunto los
fallecimientos en prisión. En

nuestros sucesivos Informes Anuales  hemos
denunciado sobre el impacto

en la producción de muertes de la persistencia de
la violencia como

estrategia de gestión de la prisión; la
inasistencia a la salud física

y mental; la ausencia de vías legítimas y eficaces
para canalizar

pedidos y reclamos, provocando la proliferación de
medidas de fuerza

extremas; la inexistente política integral frente
a incendios; y la

falta de control, guarda y custodia reforzada ante
ciertos colectivos

especialmente vulnerados. También hemos alertado
sobre el impacto en

las muertes bajo custodia que provoca la falta de
control

jurisdiccional de las detenciones –en materia de
alojamientos,

traslados y calidad de la asistencia médica, entre
otros-, la ausente

política de morigeración de encierros, el uso
exacerbado de la prisión

preventiva, y la deficiencia de las
investigaciones judiciales

iniciadas ante muertes bajo custodia.



Mención aparte merece el sometimiento de detenidos
a situaciones de

hacinamiento en establecimientos sobrepoblados por
encima de su cupo

permitido. La Procuración Penitenciaria viene
alertando año tras año

el incremento de la cantidad de personas detenidas
en las cárceles

federales argentinas, sobrepasando su capacidad de
alojamiento

declarada. Como propuesta para revertir esa
problemática, de crucial

importancia, ha presentado el proyecto de Ley para
la Acreditación

Funcional de Establecimientos para la Privación de
la Libertad y

Control de la Superpoblación.