En los últimos años, con el aumento de la
población carcelaria y el consecuente
hacinamiento, así como con el emergente
acuerdo sobre lo inadecuado que resulta usar el
derecho penal como la primera alternativa para
enfrentar el problema de las drogas, se han
venido impulsando alternativas a la privación
de la libertad, entre las que se destacan las
Cortes de Drogas –CdeD-. Estas, más que
una institución, son un modelo que tiende
a implementarse con múltiples variaciones.
Originalmente desarrollado en Estados
Unidos, ha sido implementado en varios países
alrededor del mundo, con resultados diversos.
A pesar de sus propósitos, la forma como se
ha implementado en varios países muestra
que el modelo tiene serias limitaciones. Así, la
forma como se han desarrollado las CdeD, en
especial en Estados Unidos, ha mostrado que
éstas, al asumir un modelo judicial, tienden a
reproducir la selectividad propia del derecho
penal y terminan por relegar el enfoque de
salud pública que debería inspirarlas. En
algunos casos incluso pueden aumentar la
presión sobre el sistema penal, en especial
porque pueden contribuir al incremento de los
arrestos. Además, cuando se implementan sin
presupuesto y recursos suficientes, y sin una
estructura fuerte y consistente para garantizar
el acceso a un tratamiento adecuado y basado
en evidencia empírica, las CdeD tienden a
fracasar en el cumplimiento de sus propósitos.
En un momento de auge de las CdeD, en el
que se impulsa su implementación masiva
en Latinoamérica, es fundamental tomar en
consideración los límites del modelo, así
como los retos específicos que enfrentaría su
desarrollo en los contextos particulares de los
países de la región.
ha implementado en varios países muestra
que el modelo tiene serias limitaciones. Así, la
forma como se han desarrollado las CdeD, en
especial en Estados Unidos, ha mostrado que
éstas, al asumir un modelo judicial, tienden a
reproducir la selectividad propia del derecho
penal y terminan por relegar el enfoque de
salud pública que debería inspirarlas. En
algunos casos incluso pueden aumentar la
presión sobre el sistema penal, en especial
porque pueden contribuir al incremento de los
arrestos. Además, cuando se implementan sin
presupuesto y recursos suficientes, y sin una
estructura fuerte y consistente para garantizar
el acceso a un tratamiento adecuado y basado
en evidencia empírica, las CdeD tienden a
fracasar en el cumplimiento de sus propósitos.
En un momento de auge de las CdeD, en el
que se impulsa su implementación masiva
en Latinoamérica, es fundamental tomar en
consideración los límites del modelo, así
como los retos específicos que enfrentaría su
desarrollo en los contextos particulares de los
países de la región.
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