Existe un creciente consenso científico en cuanto a que las políticas prohibicionistas y la criminalización
aumentan considerablemente el riesgo de tener consecuencias negativas para las personas
que consumen drogas, tanto en lo referido a la salud como al aspecto social. Sin embargo,
los gobiernos han dado prioridad a la aplicación de la ley por sobre las intervenciones sociales y
de salud pública, con pocos resultados tangibles en la reducción de la oferta o el uso de drogas.
aumentan considerablemente el riesgo de tener consecuencias negativas para las personas
que consumen drogas, tanto en lo referido a la salud como al aspecto social. Sin embargo,
los gobiernos han dado prioridad a la aplicación de la ley por sobre las intervenciones sociales y
de salud pública, con pocos resultados tangibles en la reducción de la oferta o el uso de drogas.
El autor aprovecha las fuentes de datos existentes y accesibles en la Argentina para desarrollar su
argumentación, y muestra también con su trabajo los límites que dicha información posee. Mientras
tanto, en el mundo, las diferentes organizaciones académicas, representantes gubernamentales
y de la sociedad civil mantienen una discusión que crecientemente cuestiona el tipo de indicadores
que se emplean para medir la efectividad de las políticas de drogas.
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