Nadie
se ha cuestionado por establecer cuáles son los errores ejecutados
en las operaciones militares contra la criminalidad o indagado por
establecer si estos errores son propiamente operacionales y/o
meramente jurídico-administrativos con incidencia operacional; para
tal efecto,se hizo necesario el análisis de diferentes operaciones
militares sorteadas en el departamento de Caquetá que arrojaron como
resultado muertes en combate, las cuales fueron cuestionadas en su
legalidad en sede contencioso administrativa. El país ha sorteado un
conflicto armado interno complejo con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), conflicto armado que se vivió
con mucha intensidad en algunas zonas del país; en especial, el
departamento de Caquetá. El país implementa para los años
2002-2006 la política de “Seguridad Democrática” y la extiende
como política exitosa para el 2006-2010, llamada “Consolidación
de la Seguridad Democrática”. Esta política arrojó una serie de
resultados militares operacionales (RMO) caracterizados por bajas en
combate. Dichos resultados fueron cuestionados ante la jurisdicción
contenciosa, quien terminó condenando por falla en el servicio a la
Nación, entre ellos, por ausencia en la acreditación criminal del
occiso, defectuosos informes de patrullaje, no acreditación de la
existencia del combate, falencias en la expedición del acta de gasto
de munición, etc., los cuales son utilizados en la combinación de
las diferentes formas de lucha - “Guerra Judicial”, una guerra
que capitaliza muy bien estos errores y hace de ellos el éxito en
losestrados judiciales.El ejercicio militar ha olvidado que la orden
de operaciones es un acto administrativo, pues contiene la voluntad
de un comandante en ejecutar labores tendientes a contrarrestar la
criminalidad en una entidad territorial, dicho ejercicio o
cumplimiento direccionado a minimizar los actores generadores de
violencia se conoce como “operación militar”, acción que
erróneamente se considera fenece con la simple neutralización del
enemigo (captura o baja en combate); contrario a ello, siguiendo la
simple dinámica administrativa pública, existen actuaciones
administrativas que se ejecutan con posterioridad al resultado
operacional que
pueden
comprometer la legalidad del mismo, en especial las muertes en
combate.
Ago
03
2016
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