El uso del test P300 en el proceso  penal  español:  algunos  aspectos  controvertidos

la    
llamada     «prueba    
científica» constituye  uno  de  los  frentes 
de  modernización  más importantes  del 
actual  modelo  de  proceso  penal.  La
aplicación   procesal   de   los  
avances   científicos   y técnicos contribuye
sin duda a la averiguación de los 
hechos en la justicia
penal, a veces con instrumentos decisivos  como  el 
ADN,  pero  también  abre  incertidumbres 
y  exige  cautelas,  señaladamente  en 
cuanto al  respaldo  y  fiabilidad  de  las 
nuevas  técnicas  y  en cuanto  a  la 
protección  de  las  garantías  y 
derechos fundamentales  de  contenido  material 
y  procesal.  En este  contexto  debe 
situarse  el  análisis  del  llamado test 
P300  y  los  requisitos  de  su 
utilización  en  el vigente  proceso  penal. 
El  mencionado  test  consiste en una  
técnica  electroencefalográfica   capaz  
de detectar estímulos neurológicos emitidos por nuestro cerebro  
que   permitirían   comprobar   si  
un   sujeto almacena  información  relevante 
relacionada  con  un hecho    delictivo.   
Esta    técnica,    tradicionalmente
utilizada  en 
el  ámbito  médico 
para  la  detección  de ciertas disfunciones, ha
irrumpido en nuestro sistema judicial  como  una 
prueba  científica  no  exenta  de críticas, 
tanto  en  cuanto  a  su  legalidad 
como  en cuanto a su grado de cientificidad.En las siguientes
líneas tratarán de disiparse algunos mitos que rodean a  esta 
nueva  diligencia  de  investigación  así 
como establecer  ciertas  directrices  para  que 
su  empleo en nuestro proceso penal pueda llegar a ser
plenamente efectivo.