Luego de una investigación empírica sobre agentes de la policía militar y
sobre casos penales relacionados con delitos de drogas, la aparición
del manejo de evidencia penal obtenido con apoyo tecnológico fue
identificada.Este manejo dependía del poder discrecional de los agentes
de investigación y puede ser considerado una de las formas policiales de
la política por drogas. La muestra de casos examinados exhibió el alto
nivel de selectividad racial de la política de drogas, demostrando que
su objetivo principal era gente vulnerable socialmente, quienes eran
arrestadas en flagrante delicto llevando pequeñas cantidades de crack o
marihuana. Apoyos por la investigación empírica como así también por la
literatura teórica correspondiente a la tecnología y su relación con la
sociedad, puse en cuestión la fórmula epistemológica de los discursos
que imponen equipo tecnológico en los procedimientos penales. Asimismo
quise denunciar la presencia de una actualización del modelo
inquisitorio utilizado en la investigación policial, que se valida
automáticamente y acríticamente por el poder judicial, que consiente el
perfilado racial en las prácticas investigativas policiales.
De esta
forma, la tecnología se vuelve un elemento para actualizar este modelo
inquisitivo que trabaja sistemáticamente para la higienización social y
para el control de la gente vulnerable y la población negra. Fue
observado que la tecnología en los procedimientos penales no ha
correspondido al establecimiento de los derechos fundamentales ni ha
contribuido a la construcción de un estado verdaderamente democrático.
Tal observación ha llevado a un énfasis del derecho a la privacidad como
una manera para el control constitucional y judicial de las actividades
investigativas y de denuncia fiscal que utilizan tecnologías.
Doctrina
Ene
05
2016
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