La violencia contra la mujer y el femicidio es un desafío mayor en la agenda de desarrollo. Si bien las víctimas de la violencia armada son mayoritariamente hombres y estas muertes se dan en contextos de crimen organizado, delincuencia común y violencia interpersonal, la violencia armada contra las mujeres se presenta también en el ámbito privado, en algunos países superando incluso las muertes en el espacio público. En América Latina y el Caribe algunos países aparecen entre aquellos con las tasas más altas de muertes violentas de mujeres a nivel mundial, siendo el arma de fuego en muchos casos el objeto usado tanto para la comisión del asesinato como también como instrumento para amenazar, intimidar y ejercer diferentes tipos de violencia contra las mujeres.
En ese contexto, incorporar dentro de las consideraciones de política pública el control de armas con enfoque de género resulta indispensable y determinante no solo para avanzar hacia sociedades más seguras y pacíficas, sino también para impulsar y fortalecer las capacidades institucionales en materia de legislación, sistema de justicia, investigación criminal, respuestas policiales y políticas de seguridad desde un enfoque preventivo.
En esa línea, el control de armas constituye un factor clave a la hora de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, por lo que resulta necesario impulsar el debate sobre la violencia por razones de género y su vinculación con las medidas de control de armas. El presente estudio analiza estos vínculos y revisa la relación entre las normativas de prevención de la violencia contra la mujer y las de control de armas de fuego de uso civil en ocho países de la región. El análisis y cruce de los cuerpos normativos se concentra en los siguientes países: Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
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