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El acuerdo fue sostenido en el caso de “Amanda Graciela Encaje y familia”, iniciado en marzo de 2008. El Estado Argentino estaba denunciado ante la Corte Interamericana con motivo de la falta de acceso a la Justicia y la falta de respuesta estatal que Andrea Valeria Martínez y Silvia Elena Encaje tuvieron como consecuencia del homicidio de Amanda Graciela Encaje y Néstor Blas Vivo, acontecido el 8 de abril de 1992 en Resistencia, Chaco.
En el acuerdo, el Gobierno de Chaco asume importantes compromisos. Además de declarar su responsabilidad frente a los denunciantes, propone reparaciones simbólicas en homenaje a las víctimas y sus familiares. Hacia el interior de la administración de justicia provincial, entre otros puntos, el acuerdo contiene la creación en el plazo de seis meses del cargo de Defensor Oficial de Víctimas en Chaco, como así también la sanción de protocolos para la preservación de la escena del crimen y la adopción de medidas que permitan garantizar la cadena de custodia de las pruebas y agilizar la investigación de causas penales complejas.
En el acuerdo, el Gobierno de Chaco asume importantes compromisos. Además de declarar su responsabilidad frente a los denunciantes, propone reparaciones simbólicas en homenaje a las víctimas y sus familiares. Hacia el interior de la administración de justicia provincial, entre otros puntos, el acuerdo contiene la creación en el plazo de seis meses del cargo de Defensor Oficial de Víctimas en Chaco, como así también la sanción de protocolos para la preservación de la escena del crimen y la adopción de medidas que permitan garantizar la cadena de custodia de las pruebas y agilizar la investigación de causas penales complejas.
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