El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional entregaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sus aportes ideas para los “lineamientos” para transformar el Poder Judicial.
Teniendo presente los ejes estipulados, los actores de la Justicia dieron sus opiniones sobre cómo se podrían acelerar los juicios penales,la posibilidad de implementar la oralidad en los civiles, comerciales y laborales o la mayor capacitación de letrados y magistrados.
Piden discutir la posibilidad de que exista un fuero especial para los delitos de flagrancia.
En ese aspecto, la UEJN puso de resalto que, en caso de adoptarse la oralidad y el sistema acusatorio “se debe garantizar la situación de los empleados” y destacando que “ninguna reforma de las que se plantean para hacer más eficiente la justicia penal puede realizarse sin erogación presupuestaria”.
Al igual que ocurre en otras provincias, desde el gremio dirigido por Julio Piumato también piden discutir la posibilidad de que exista un fuero especial para los delitos de flagrancia, “de modo que las dependencias que investigan los delitos más importantes no se vean saturadas como ocurre en la actualidad”.
Con mayor foco en el uso de la tecnología para logar una mayor eficiencia, la Asociación de Magistrados propone que en los casos de flagrancia se provean sistemas de registro de grabación audiovisual” con garantías de seguridad, integridad, celeridad, y en horario extendido, para abarcar horas y días inhábiles, con las correspondientes guardias para el soporte técnico informático, e incorporar computadoras con capacidad suficiente para permitir la incorporación de las grabaciones de modo más rápido”, y otras propuestas como “adaptar el sistema Lex 100 para permitir la incorporación de las videograbaciones” o “crear suficientes salas de audiencias” que cuenten con sistema de videoconferencia.
El CPACF propone la creación de una Mesa General Receptora de Escritos, que sea dividida por fueros y “sin distinción de la ubicación geográfica”.
En relación a la oralidad de los procesos civiles y comerciales, jueces y empleados coinciden en la necesidad de implementarla, pero para ello son necesarias reformas estructurales, tanto edilicias como de incorporación de tecnología, como por ejemplo el sistema de videoconferencia.
Los abogados también opinan que debe haber una reforma edilicia para la mejor implementación de la reforma. Además, para no “atestar” las mesas de entradas, el CPACF propone la creación de una Mesa General Receptora de Escritos, que sea dividida por fueros y “sin distinción de la ubicación geográfica”.
La AMFJN propone también crear un cuerpo de mediadores del Poder Judicial de la Nación “para asistir al juez, si así lo requiere y considera conveniente, en causas complejas” como desalojos o cuestiones de familia.
Proponen que en los casos de flagrancia se provean sistemas de registro de grabación audiovisual con garantías de seguridad, integridad, celeridad, y en horario extendido, para abarcar horas y días inhábiles.
A fin de alivianar la tarea en los fueros Civil, Comercial, Laboral y Previsional, y garantizar el acceso a la justicia, la AMFJN propone la creación de juzgados de menor cuantía. “Las personas de menos recursos merecen una atención más directa y eficiente”, indican desde la entidad presidida por Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero.
La UEJN aprovechó para “colar” el traspaso en la discusión y sugirió que los fueros Laboral y Previsional se federalicen y, consecuentemente, no pasen a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. “Ese traspaso dilataría aún más la finalización de los procesos ya que agregaría una instancia más que sería el Tribunal Superior de Justicia”, aseguran.
Los abogados y los jueces se quejaron de que ellos sean los que tienen la obligación de cargar en el sistema Lex100 los escritos y los despachos, y no las fiscalías o defensorías.
La Policía Judicial también es un punto incluido entre los aportes de reforma, la UEJN señala que debe tener tareas investigativas-periciales y de seguridad en los edificios y de asistencia a oficiales de justicia para diligencias judiciales.
En materia tecnológica, los abogados y los jueces se quejaron de que ellos sean los que tienen la obligación de cargar en el sistema Lex100 los escritos y los despachos, y no las fiscalías o defensorías. Por lo tanto piden por la obligatoriedad de cumplir con la Acordada 3/15 a ambos Ministerios Públicos.
A fin de acelerar la gestión judicial, los abogados también sostienen la necesidad de que no haya más “confronte” deoficios en formato papel, y que la misma sea de forma obligatoria el envio de oficios via mail. También que se termine el confronte de oficios de informes y que se termine con las regulaciones internas de los Juzgados que disponen horarios acortados para sacar fotocopias.
Comentar