El informe fue elaborado en el marco del seguimiento de las Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos del año 2016 (disponible acá) sobre el quinto informe periódico de Argentina, en particular las observaciones sobre tortura y malos tratos (párr.14) y sobre condiciones de detención (párr. 24).
En el informe la Procuración Penitenciaria señala que este Organismo da cuenta periódicamente de la situación de la tortura en cárceles federales a partir de la implementación de un Procedimiento para la investigación y documentación de casos de tortura y malos tratos y de la base de datos para registrar los resultados obtenidos. En aplicación del mismo, en el transcurso de nueve años se han investigado y documentado 4312 casos de tortura y malos tratos.
La respuesta judicial frente a las denuncias de torturas y malos tratos en la gran mayoría de los casos es inadecuada. En algunos casos paradigmáticos, la PPN ha hecho uso de su facultad de presentarse como parte querellante, logrando algunos avances, puntuales pero importantes, en la investigación y sanción judicial de casos de torturas en los años recientes. No obstante, siguen siendo los primeros pasos en un largo camino que hay que recorrer, pues solo unas pocas investigaciones judiciales avanzan diligentemente, mientras que la mayoría terminan archivadas sin que se hayan intentado medidas probatorias.
El informe presentado por la Procuración Penitenciaria también destaca que en la actualidad nos encontramos ante un récord histórico de personas detenidas en cárceles federales, pues nunca el sistema penitenciario federal había encarcelado a tantas personas. Pero además, desde los primeros meses de 2017 se registra sobrepoblación en el SPF tomando en cuenta las cifras de capacidad declaradas por la propia agencia penitenciaria.
Por último, la Procuración Penitenciaria manifiesta su preocupación por la información contenida en el Informe de seguimiento del Estado del pasado 14 de julio de 2017 (disponible acá), relativa a la preparación de un plan de construcción de cárceles a nivel federal para el período 2017-2022. El informe refiere que “se buscará la incorporación de 18.000 nuevas plazas, lo cual permitirá desafectar otras 5.000 de antiguos y obsoletos edificios ubicados en centros urbanos”. En el improbable caso que ello se concretase, significaría que en el año 2022 el sistema penitenciario federal tendría 24.000 plazas –más del doble que en la actualidad-.
Como organismo de protección de los derechos humanos y prevención de la tortura en jurisdicción federal, la Procuración Penitenciaria sostiene que la Argentina no necesita duplicar la cifra de sus presos federales, sino que lo que se requiere es el diseño y aplicación de una política criminal racional, democrática, previsible y evaluable, que contemple penas alternativas a la prisión, la reducción del encarcelamiento preventivo y el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
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