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Uno de los obstáculos más significativos para formular una política efectiva, que sea coherente con la perspectiva de género y derechos humanos, es la falta de información y conocimiento de la participación que tienen las mujeres en las actividades relacionadas con las drogas de uso ilícito y su situación, una vez están recluidas.
Las debilidades en la producción, confiabilidad y acceso a datos públicos no son excepcionales en América Latina, pero en el caso de mujeres presas por delitos de drogas enfrentamos una serie de restricciones adicionales.
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