RESUMEN:
La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal declaró inconstitucional el artículo 14 del Código Penal, resolviendo que no resultaba aplicable en el caso de la pena de prisión perpetua impuesta al condenado. Argumentó que la imposición de una pena de prisión perpetua efectiva vulneraba principios constitucionales y convencionales, considerando que el agravio era actual. [Ver fallo adjunto]
Frente a esta decisión, la Fiscal General presentó un recurso extraordinario alegando arbitrariedad. La Corte Suprema lo desestimó por considerarlo mal concedido. En su fallo, la Corte señaló que el recurso no cumplía con el requisito de fundamentación autónoma establecido en el artículo 15 de la ley 48, ya que carecía de una crítica detallada y concreta a los argumentos de la sentencia impugnada. Además, destacó que el apelante debía rebatir de manera razonada cada uno de los fundamentos del fallo recurrido, lo cual no se realizó.
El Tribunal enfatizó que el Ministerio Público Fiscal no había respondido los numerosos fundamentos que respaldaban la resolución casatoria. En cambio, se limitó a sostener que no existía un agravio concreto y actual, basado en que el condenado aún no cumplía el tiempo mínimo necesario para solicitar la libertad condicional. Sin embargo, no cuestionó adecuadamente la interpretación constitucional y de tratados de derechos humanos que sustentaron la decisión de cámara, ni consideró que el ingreso a prisión no priva al individuo de la protección legal.
Asimismo, la Corte subrayó que el recurso no abordaba las afirmaciones de la cámara sobre el derecho del condenado a conocer, desde el momento de la condena, el régimen penal aplicable. También recordó que toda pena privativa de libertad debe orientarse hacia la reinserción social, lo cual implica la posibilidad de recuperar la libertad. La imposición de una pena perpetua efectiva, según señaló, vulnera la integridad de la persona, ocasionando trastornos psicológicos que la tornan incompatible con la prohibición de tormentos establecida en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
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