Se analiza el Proyecto de ley de reforma del régimen penal juvenil –caracterizado por la anunciada baja de edad de imputabilidad– a la luz de informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En esta columna, Rodrigo Morabito examina el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional que busca reducir la edad de imputabilidad penal a 13 años. El análisis, fundamentado en informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y jurisprudencia nacional e internacional, revela graves contradicciones y violaciones a los estándares de derechos humanos. Se argumenta que el proyecto es regresivo y punitivo, al fallar en abordar las causas estructurales del delito juvenil y al exponer a niños, niñas y adolescentes al sistema penal.
Se analizan alternativas a la criminalización de menores, enfocándose en programas de intervención temprana y políticas de prevención basadas en el fortalecimiento de la educación, el apoyo familiar y la integración comunitaria. Estas estrategias, en lugar de medidas punitivas, ofrecen soluciones más efectivas y justas para abordar la problemática del delito juvenil.
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