La pregunta capital de este trabajo atañe a la cuestión de si resulta compatible la actuación del Equipo Profesional Interdisciplinario, como órgano auxiliar del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, con el principio de imparcialidad y el debido proceso legal. En ese contexto, el artículo analiza los postulados básicos del rol de los peritos en el marco de un proceso acusatorio adversarial ante la existencia de un hecho revelador de violencia de género. Como conclusión, se advierte que los sesgos cognitivos y/o déficits volitivos que pueden emerger del ejercicio de dicha función y de la especial posición como organismo auxiliar de la acusación, pueden ser considerados en la dimensión funcional, instintiva y social de sus miembros sin que ello implique una vulneración a las garantías constitucionales.
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