RESUMEN: La necesaria discusión pública que se ha dado en los últimos tiempos sobre el “lawfare” ha postergado el debate sobre las medidas que debe tomar el Poder Judicial para favorecer la integridad y transparencia de dicho poder del Estado. En nuestro país, mediante la acordada Nº 1 del año 2000 la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inaplicable gran parte de la Ley de Ética Pública Nº 25.188 en el ámbito del Poder Judicial. Como consecuencia de ello, el Tribunal Supremo sustrajo a toda la justicia federal argentina de dicho régimen legal. El presente trabajo pretende realizar un breve aporte sobre que iniciativas se pueden adoptar para mejorar la calidad institucional y la legitimidad democrática de la justicia federal.
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