RESUMEN:
El Comité de los Derechos del Niño de la ONU determinó que Perú ha violado los derechos a la salud y a la vida de una niña indígena y rural víctima de violación al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro.
Camila nació en Huanipaca, departamento de Apurímac, una zona rural de la sierra peruana. En el año 2017, a sus 13 años detectó que estaba embarazada tras ser violada por su padre.
Junto al acompañamiento de un familiar, concurrió a un hospital de Abancay, donde manifestó su deseo de no contnuar con el embarazo. Esa petición fue reiterada en muchas visitas médicas posteriores mientras su estado de salud mental se fue agravando. Sin embargo, no le informaron de su derecho a solicitar el aborto terapéutico.
El aborto está penalizado en Perú salvo para prevenir un riesgo para la vida o un riesgo grave y permanente para la salud de la madre. Con la ayuda de una ONG, Camila solicitó al hospital de Abancay el acceso al aborto terapéutico conforme a la legislación nacional, y también presentó una solicitud de interrupción voluntaria del embarazo a la fiscal encargada de la investigación penal por violación para que se designara un centro de salud que evaluara su caso. Sin embargo, nunca recibió respuesta del hospital ni de las autoridades judiciales.
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