SUMARIO:
El autor de este artículo pone en discusión el rol que ejerce el asesor/defensor de menores en el proceso penal, frente al paradigma de la protección integral dado que aquella figura, respondió, originariamente, a los intereses de la sociedad de protección– represión de los menores, mediante el sistema del Patronato Estatal.
Analiza la normativa a partir de la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto relativa a la capacitación o participación personal y autonomía de los menores de edad, dejando entonces reservada la figura del Ministerio Público al control de legalidad del proceso, lo que trae como consecuencia la derogación de todas las funciones tutelares, y los obliga a replantear su rol en armonía con el espíritu convencional y constitucional.
Asimismo pone de resalto a la ley 26061 (art. 27) que reconoce el derecho a una defensa material y técnica y la posibilidad que tal defensa sea ejercida por el Abogado del Niño o, en el caso de los infractores, por el denominado Defensor Penal Juvenil.
Este trabajo quiere reflexionar sobre la situación de conflicto que se puede desencadenar cuando el abogado del niño y el asesor de menores plantean estrategias defensivas diversas porque cualquiera de ellas debilitará la estrategia del otro y dejará perplejo al juez llamado a decidir, y más aún, al niño.
Desde su experiencia práctica en el proceso penal reflexiona en cuanto a la necesidad de resignificar la figura del asesor/defensor de menores con nuevas funciones que contribuyan al ejercicio pleno de todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en el marco del riguroso respeto del debido proceso legal.
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