Reflexiones sobre el derecho a la educación en ámbitos carcelarios

En el mes de julio de 2011 se sanciona la Ley 26.695 la cual afirma la Educación como Derecho de todas las personas privadas de su libertad y enfatiza el rol del Estado como responsable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todas las personas detenidas, garantizando la igualdad y gratuidad en el ejercicio de ese Derecho, con la participación de las ONG y las familias, debiendo los internos tener acceso pleno a la educación en todos sus niveles y modalidades y completar la escolaridad obligatoria fijada en la Ley.
Desde este marco, el siguiente texto propone a través de un breve análisis, identificar los desafíos que se presentan a la Educación entendida como Derecho Humano; observar los obstáculos que debe atravesar para que su acceso sea garantizado en contextos de privación de libertad y reflexionar sobre cómo la Educación desde esta perspectiva, puede no solo impulsar y estimular las trayectorias escolares, sino potenciar a los sujetos y transformar la sociedad.