La justicia penal tiene un vínculo en apariencia estrecho con la prisión. Es que constituye la respuesta preponderante y más utilizada frente a los conflictos que llegan a su conocimiento. Esto, ya sea a través de la aplicación de una pena en sentido estricto o bajo la modalidad del encarcelamiento preventivo. Este trabajo intenta problematizar este escenario a través de una aproximación empírica que sugeriría que, en rigor de verdad, la justicia penal ha consolidado una distancia tal con la prisión con secuelas y obstáculos concretos a la hora de concretar iniciativas para enfrentar los problemas estructurales que la caracterizan. Desde ese lugar, invita a indagar y reflexionar críticamente sobre la necesidad de que los operadores jurídicos –los integrantes de la justicia penal– tengan mayor contacto con la prisión a lo largo de la carrera judicial.
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