Encarcelar masivamente a poblaciones vulnerables que tienen una
participación marginal y son fácilmente reemplazables dentro de la economía
ilícita, y que no se benefician sustancialmente de las ganancias que
allí se generan, no ha sido eficaz para lograr los propios objetivos que se ha
planteado la política de drogas. En efecto, la criminalización de estas personas
no ha contribuido sustancialmente a desmontar las organizaciones
delictivas ni a reducir la oferta y demanda de drogas ilícitas. No obstante,
sí ha sobrecargado el sistema penitenciario, ha desnaturalizado su función,
y le ha ocasionado enormes costos fiscales al Estado y al resto de la sociedad.
A pesar de que este fenómeno ha sido reconocido por el Gobierno
colombiano, el cual ha jugado un papel importante en impulsar el debate
sobre la necesidad de que los países de las Américas implementen alternativas
al encarcelamiento para los delitos menores de drogas (Cicad, 2013),
eso no se ha reflejado en reformas legislativas a las políticas vigentes.
Este documento tiene como propósito actualizar investigaciones anteriores
del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) sobre el
impacto de las políticas y las leyes de drogas en el sistema penitenciario colombiano,
y agregar nueva evidencia cuantitativa y cualitativa al respecto.
Doctrina
Jul
27
2017
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