Edad mínima de responsabilidad penal. Una perspectiva desde las Neurociencias (Parte I)

Cíclicamente, de
la mano de algún caso que alcanza repercusión color:#222222">

mediática, el debate sobre la edad de
responsabilidad de los

adolescentes se reedita. La baja de la edad de
ingreso al sistema

penal se presenta como uno de los puntos de
mayor tensión. Las

estadísticas oficiales de la Ciudad de Buenos
Aires, señalan que el

porcentaje de jóvenes menores de 16 años
involucrados en delitos

graves como el homicidio es mínima[1]. Sin
embargo, debe destacarse

que la escasa incidencia de este colectivo en
delitos graves no le

resta importancia a cada uno de los casos
particulares y es un deber

del Estado intervenir y brindar apoyo integral a
todas las víctimas de

la inseguridad.



Este punto es muy relevante, ya que no se
pretende restar visibilidad

a las conductas delictivas, sino plantear el
problema en su justa

dimensión. Tal como afirman Bartol y Bartol[2]
(2017): “Los jóvenes

bien podían ser el grupo de edad más
estigmatizado de nuestra

sociedad. Abundan los mitos acerca de su
contribución a la

criminalidad y sobre el grado de daño del que
son responsables”

(p.142).



La adolescencia es una etapa evolutiva compleja,
donde confluyen

factores sociales, culturales, biológicos con
cambios hormonales y

psicológicos. Estos elementos han sido
estudiados a través de

distintos modelos, por ejemplo la teoría del
desarrollo, de

Moffitt[3]; el modelo dual de sistemas, de
Steinberg[4] o la teoría de

la insensibilidad emocional[5], entre otros. En
ellos no se alude a la

adolescencia como un factor de riesgo delictivo
en sí mismo, sino que

se analizan las diferentes variables que podrían
explicar los

fenómenos delictivos, para comprenderlos y, especialmente,
prevenirlos

y resolverlos.



En las distintas perspectivas de estudio
científico del comportamiento

adolescente en conflicto con la ley penal, no se
manifiesta que éste

deba sancionarse con mayor severidad, sino que
deben atenderse las

causas y contextos que describen, dan origen y,
en cierta medida,

predicen los comportamientos disociales. En
síntesis, cuando aludimos

al adolescente como único responsable del
comportamiento disocial,

pretendemos olvidar la responsabilidad que
compartimos como Sociedad.

Tal como se ha preguntado: “¿Cómo somos capaces
de exigir un respeto a

las normas si no se educado tal respeto ni
siquiera con ápices de

ejemplo? ¿Qué derecho tiene una sociedad enferma
a exigir adolescentes

sanos?”[6]



El proceso de crecimiento y maduración del
cerebro, aún antes del

nacimiento y hasta el final de la adolescencia,
se encuentra

influenciado por las interacciones con el medio,
motivo por el cual se

presenta como una ventana de grandes
oportunidades pero también de

gran vulnerabilidad. De manera específica, vale
la pena subrayar la

influencia que ejercen los factores de riesgo
relacionados con los

estilos parentales[7], las prácticas de
crianza[8] y, en contraparte,

el monitoreo parental[9].



Existe una robusta evidencia científica que
relaciona la exposición a

diferentes condiciones de vulnerabilidad, como
la pobreza o

situaciones traumáticas, y el desarrollo
cerebral y cognitivo[10] [11]

[12] [13] [14] [15]. Estas evidencias deberían
bastar para replantear

el problema y no criminalizar los efectos, en
lugar de atender las

causas.



Los adolescentes suelen ser más impulsivos que
los adultos, son

buscadores de nuevas sensaciones[16] y 
toman decisiones de forma

diferente[17]. Sobrevaloran los beneficios a
corto plazo por sobre las

consecuencias a largo plazo de sus acciones[18]
[19], lo que los

predispone a conductas de riesgo[20] [21] [22]
[23], como por ejemplo

la experimentación con drogas y alcohol, las
relaciones sexuales sin

protección, conducir automóviles y motos bajo
los efectos del alcohol

o en forma temeraria[24] y conductas
antisociales[25] [26].