Reprimir o regular: el falso dilema de las políticas de drogas

En América Latina la relación entre la violencia, el crimen y las drogas ha tenido gran influencia en las políticas de seguridad. Entre los ciudadanos, los políticos y los medios de comunicación prima la perspectiva de la existencia de una fuerte conexión entre el consumo de sustancias y la ocurrencia de delitos, entre la formación y existencia de mercados locales y la inseguridad, así como entre el narcotráfico y los altos niveles de violencia y crimen que enfrenta la región. Si se acepta que el uso de drogas está asociado a conductas delictivas y si el tráfico es inherentemente violento, parece lógico que la supresión de este mercado ilícito –mediante la prohibición o la regulación– contribuiría a reducir el crimen y a disminuir sustancialmente las altas cifras de violencia letal. En el caso de Estados Unidos, esta discusión ha sido planteada por Boyum y Kleiman (2002: 95-111). De hecho, este argumento ha sido utilizado por quienes defienden la guerra contra las drogas y también por quienes piden un cambio radical en el régimen actual. Para unos, abandonar la prohibición representaría un grave riesgo para la seguridad de los ciudadanos; para otros, regular los mercados sería la solución a los problemas de inseguridad. Unos ven las reformas a la política de drogas como una amenaza, los otros las señalan como el único camino. Estas posiciones han generado un falso dilema entre la seguridad de los ciudadanos –y aferrarse al modelo prohibicionista– o cambiar la política de drogas –y “ceder” frente al crimen–. Esta errada contraposición no solo ha polarizado el debate, sino que ha generado inmovilidad en las respuestas y hecho aún más lenta la capacidad de adaptación del estado. La ambivalencia ha sido uno de los resultados, con autoridades y funcionarios que en el discurso expresan agotamiento y frustración, pero que en la práctica evitan las reformas por considerarlas poco atractivas desde el punto de vista político y electoral. Este artículo cuestiona estas narrativas a partir de la evidencia disponible, identifica las posiciones preponderantes en el debate actual –sus aciertos y desatinos–, así como las opciones de política pública, con sus ventajas, desafíos e incertidumbres. Pretende asimismo contribuir al debate público desde dos preguntas clave: ¿cuáles son las políticas de drogas que favorecen la seguridad de los ciudadanos, concretamente la disminución de la violencia y el crimen? ¿Cuáles serían las políticas de seguridad que permitirían
responder mejor al problema de las drogas?