América Latina viene cumpliendo un papel preponderante en el debate mundial hacia el logro de enfoques alternativos y renovados en las políticas de drogas y ha promovido la visión crítica frente a los resultados y el impacto negativo derivados del actual Sistema de Fiscalización y Control de Drogas Ilícitas, cuyo enfoque punitivo fue inspirado en las convenciones emitidas por la Organización de las Naciones Unidas desde 1961. El compromiso de lograr “un mundo libre de drogas” signado por los países en la Declaración de 1998 y ratificado en 2009, resultó no sólo irreal sino altamente contraproducente.
Los países de la región caracterizados en su mayoría por debilidad institucional, limitación de recursos financieros, altas tasas de desigualdad, inequidad y exclusión social, violencia y corrupción, se han visto obligados a ajustar sus políticas de acuerdo con los mandatos de las Naciones Unidas.
El resultado de esto ha sido el escalamiento de la violencia; la vulneración de los derechos humanos de los eslabones más débiles de la cadena del tráfico ilícito de drogas: personas que usan drogas, mujeres, cultivadores, afro-descendientes y otras minorías étnicas; el gasto desproporcionado en acciones para el control de la oferta; la sobrecarga de los sistemas carcelarios; la desatención de las personas que usan drogas, con el consecuente impacto en la salud, la calidad de vida y el bienestar; así como el estigma y la discriminación de quienes se ven involucrados, por diferentes motivos, en los mercados ilícitos de drogas.
Tras la Cumbre de las Américas celebrada en Cartagéna en 2012, la OEA recibió el mandato por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno, de producir un informe analítico acerca de las tendencias actuales, las mejores prácticas, los desafíos de política y la definición de escenarios en los que se proyectan resultados a futuro. Esto como resultado del reconocimiento del “problema” de las drogas como uno de los retos más importantes que afronta el hemisferio, el impacto en la salud pública y el costo que ha significado, en particular en términos de violencia asociada. A juicio de los Jefes de Estado aunque el enfoque actual ha producido algunos resultados, no ha sido exitoso.
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