"Ley de drogas: “desfederalización a la carta”

Desde
hace unos años asistimos a un fenómeno de particulares
características. Bajo la premisa de ganar eficacia en la lucha
contra la delincuencia se sacrifican, sin vergüenza alguna,
principios y disposiciones de jerarquía constitucional. Aún cuando
esto es, en sí mismo, inaceptable, resulta además paradojal. Es que
incluso aquellos que adscriben (siempre pensando en los “otros”)
a la regla de que el fin justifica los medios deben resignarse y
admitir que el fin perseguido (cuanto menos el declamado) nada tiene
que ver con los medios elegidos. El resultado es conocido: ni respeto
a los principios, ni eficacia en la reducción o control del
delito.
Convengamos
que, desde esta perspectiva, la moderna política criminal ha logrado
saldar una vieja cuestión que, real o supuesta, fue históricamente
un dato característico del derecho criminal: la permanente tensión
entre garantías y eficacia, entre libertad y prevención, en suma,
entre límites y poder. Esta superación se ha logrado,
lamentablemente, igualando in pejius.
La
reciente legislación vinculada a la cuestión criminal se
caracteriza por sumar tantas objeciones constitucionales como falta
de eficacia y operatividad preventiva. Se logró algo positivo
(superar la dicotomía) sumando los dos aspectos negativos (la
afectación de normas constitucionales y la burda ineficacia a costa
de efectos excluyentemente simbólicos). Las reformas procesales y
penales de los últimos años, salvo algunas excepciones, son prueba
acabada de la afirmación precedente. Y aún cuando no es este el
lugar, puede advertirse que ningún impacto han tenido en la
estabilización y hasta descenso de los conflictos o situaciones
problemáticas relevados como delitos al margen de la cifra negra.