"Las
políticas de drogas prohibicionistas han contribuido a la generación
de mercados ilegales bajo el control de organizaciones delictivas con
creciente poder económico, capacidad coercitiva y de cooptación
social, diversificando progresivamente el campo de delitos. Como
consecuencia ha aumentado la violencia, la corrupción del personal
público encargado de cumplir la ley y suplantado al Estado en sus
funciones garantistas y de control sobre el mercado, generando
enormes daños a la seguridad individual y colectiva, la
institucionalidad democrática y la integración social.
Reafirmamos
la importancia de velar por el sistema de derechos humanos,
subrayando que los derechos son universales, intrínsecos,
interdependientes e inalienables, y que es obligación de los Estados
garantizar su prioridad sobre otros acuerdos internacionales con
énfasis en las Convenciones para el control de drogas.
Uruguay
ha liderado la reflexión crítica y realista de los impactos
negativos sobre los derechos humanos que ha supuesto la aplicación
de las políticas de drogas acordadas a nivel internacional en los
últimos 50 años. Preocupan a Uruguay los efectos no esperados de
dichas políticas, que han profundizado los problemas de salud,
vulnerabilidad social y cultural, convivencia, incremento de la
violencia asociada al tráfico de drogas y la ampliación de los
delitos conexos de tráfico de armas y trata de personas, entre
otros. Estas situaciones constituyen formas de vulneración de los
derechos fundamentales y requieren respuestas claras desde la
comunidad internacional".
Doctrina
Sep
24
2015
"Repercusiones del Problema Mundial de las Drogas en el ejercicio de los Derechos Humanos. Aporte de Uruguay a la implementación de la resolución “
Por: AA.VV.
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