El Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) presentan el informe “La reforma procesal penal frente a la corrupción. Obstáculos estructurales para la investigación y el juzgamiento de cualquier delito económico”, que tiene como objetivo visibilizar cómo el actual Código Procesal Penal de la Nación contribuye a la ineficacia de la Justicia frente a estos delitos.
La impunidad de la criminalidad económica no se basa en estadísticas abstractas, por el contrario año a año emergen nuevos ejemplos que lamentablemente terminan siendo olvidados. Es en función de ello que, en la primera parte del informe, se presentan quince casos de delitos económicos que tuvieron repercusión pública durante 2013. En la segunda sección, por su parte, se analizan los tres problemas básicos que presentaron: la duración excesiva de los procesos; el perjuicio económico al Estado; y la falta de transparencia y de participación ciudadana.
Por último, la parte final del informe contiene los lineamientos básicos de la reforma procesal penal que se propone, y señala el modo en que estos repercutirían positivamente sobre todos los problemas que caracterizan a los casos actuales. Para eso, la propuesta se centra en seis ejes: reorganización del Ministerio Público Fiscal; desformalización de la investigación; nuevas formas de organizar el litigio; rediseño del sistema recursivo; participación amplia de la sociedad; y concepto democrático de organización judicial.
El análisis de lo sucedido durante el año 2013 permite predecir el panorama para el 2014 y el futuro próximo. Indudablemente, la impunidad se construye en gran parte sobre la falta de voluntad política y el encubrimiento. Lo que este informe busca evidenciar es que contamos con un sistema que por sí mismo resulta funcional a la injusticia: el Código Procesal Penal de la Nación. La reforma que tanto INECIP como CIPCE proponen desde hace años, es una medida absolutamente necesaria para poder perseguir la corrupción de una manera más eficiente.
Mientras se mantenga el sistema actual, todo indica que cualquier causa por corrupción probablemente tenga el mismo destino. Los obstáculos son estructurales, por lo que seguirán presentes en todo proceso penal, al margen de cuáles sean los gobiernos y los grupos económicos involucrados. El proyecto de Código Procesal Penal de la Nación presentado en 2010 aún no ha sido tratado. Ésta es una reforma que el Congreso no puede seguir demorando.
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