En 2008 su reformada Constitución hizo de Bolivia el único país del mundo donde las máximas autoridades judiciales son electas a través del voto popular y no designadas por los poderes ejecutivo o legislativo. La primera experiencia de elecciones judiciales ocurrió en 2011 y ahora la Fundación para el Debido Proceso [DPLF] y la Fundación Construir la analizan y revelan aprendizajes y desafíos en el informe Elecciones judiciales en Bolivia: una experiencia inédita, de Luis Pásara [marzo 2015].
Con él se busca “examinar el proceso de elección de magistrados, registrar las opiniones en torno al mismo, analizar el camino recorrido tres años después y presentar el cuadro de opciones disponibles en el país para perfeccionar este mecanismo”.
Estas elecciones tuvieron lugar el 11 de octubre [2011] y ahí se eligió a los integrantes de los tribunales Supremo de Justicia, Constitucional Plurinacional, Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
El proceso, detalla Pásara en su informe, inició dos meses atrás, el 15 de agosto [2011], cuando la Asamblea Legislativa dio a conocer a los 581 postulantes que preseleccionó para los 56 cargos disponibles bajo criterios de “calificación de méritos”, “formación” y “experiencia”.
Fue justo en ese proceso, señala, “donde surgieron los problemas que acaso fueron los más importantes surgidos en las elecciones judiciales”, relacionados con “criterios dispares que produjeron decisiones adoptadas según criterios diferentes”.
Además, “la calidad exhibida por los postulantes en las entrevistas a los candidatos fue pobre” y “no se contó con pautas ni escala”. El resultado fue que “se optó por determinados postulantes y se descartó a otros de acuerdo al arbitrio de los miembros de la comisión respectiva”.
Y ya de cara a los ciudadanos, el 11 de octubre, “fuentes gubernamentales y de oposición coinciden en que la información para elegir fue insuficiente”, estos últimos acusando que “las prohibiciones impuestas por el gobierno produjeron desinformación y desinterés”, y los primeros “considerando que el desafío de realizar una difusión equitativa, en las condiciones del país, era muy grande”. En todo caso, la percepción generalizada es de “fracaso” y “error” en las elecciones.
Ante eso, una de las recomendaciones incluidas en el informe es que “más allá de quién designe a los jueces de los más altos cargos, los méritos de los aspirantes deben ser calificados de manera independiente por una instancia integrada por personas muy competentes y que gocen de un reconocimiento amplio”.
Además, “estas personas no deben representar intereses o sectores políticos. A tal efecto, en varios países de la región se ha optado por constituir consejos o comisiones encargadas de la pre-selección de candidatos”.
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