De la hoguera inquisitorial a la corte constitucional: la negación de justicia y ciudadanía en la población LGBTI. Un problema de la secularización de la cultura en el contrato social

En
el marco de la Modernidad y las discusiones políticas
contemporáneas, el tema sobre la justicia es algo que necesariamente
remite al Estado, por ser este el legitimo poseedor del monopolio 
de  la  violencia  y  de  las 
instituciones  legislativas  y  de 
administración  judicial. Así  se  establece 
en  el  Contrato  Social, el  cual  crea 
el  Estado  y  con  éste  el  encargo 
de administrar  justicia.  Por  ello, no  debe 
perder  su  neutralidad  vinculando  a  su 
estructura doctrinas  ideológicas  de  carácter 
absoluto,  entre  ellas  la  religión, 
por  poner  en  riesgo  el pluralismo y con éste
el principio de justicia para todos. Sin embargo, en Colombia esto
no 
se cumple y la arquitectura del Estado y la ciudadanía
se establece sobre los planos de un contrato  condicionado 
a  la  herencia  hispano
-católica.  Esto 
se  traduce  en  exclusión  para todos los
grupos sociales que no quepan en su concepción de mundo, como ocurre
con la 
población  LGBTI  (Lesbianas,  Gays, 
Bisexuales,  Transgéneros  e  intersexuales), 
quienes encarnan  las  marcas  de  la exclusión 
histórica,  justificada  en la  moral   y 
que  les  negó  su derecho fundamental a vivir y
posteriormente de ser. Solo  hasta  la  promulgación 
de  la  Constitución    de  1991 
y  el  posterior  desarrollo jurisprudencial de
comienzos del siglo XXI, Colombia les ha empezado a reconocer varios
de sus derechos por esta vía. A pesar de ello, ésta comunidad aún
sigue siendo una de las minorías  mas  violentadas 
y  discriminadas  en  su  cotidianidad  y 
sociabilidad,  a  partir  de agresiones  que 
van  desde  la  violencia  simbólica 
(lenguaje  ofensivo,  chistes)  hasta  los
crímenes  de  odio  que  los  ha 
llevado  a  la  muerte.  Todo  esto, 
debido  a  la  persistente  homofobia  que 
existe  en  la  cultura,  que  los 
imagina  como  sujetos  peligrosos  y  no 
de derecho. Por ello, se debe apuntar a una  ciudadanía que no
solo  establezca la dimensión jurídico-política  de 
los  derechos  en  la  tradicional 
relación  estado-ciudadano,  sino  que dicha 
ampliación  debe  llegar  a  hacerse 
efectiva  en  la  cotidianidad  de  los 
mismos ciudadanos,  es  decir,  en  las 
relaciones  de  sociabilidad  que  se 
entretejen  en  la familia,  la escuela, el trabajo y
la calle, pues son en estos espacios donde realmente se vive la
justicia.