Reporte estadístico sobre la situación de las cárceles federales ante la emergencia sanitaria por coronavirus elaborado por la Procuración Penitenciaria de la Nación

Sumario: 

En los últimos años se produjo un fuerte incremento de la población detenida, superándose las 14.000 personas privadas de libertad en cárceles federales, lo que provocó una grave situación de sobrepoblación y hacinamiento que constituye un gran foco de riesgo en el actual contexto de emergencia sanitaria.

La pandemia por Covid-19 conlleva una emergencia de salud pública sin precedentes, y las cárceles constituyen uno de los lugares de mayor riesgo por concentrar una gran cantidad de población en espacios cerrados y en condiciones deficientes de salubridad e higiene, más aún en los países de la región latinoamericana, con situaciones de hacinamiento extremas. Ello ha sido señalado por muchos organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, la Organización Panamericana de Salud, entre otras, recomendando a los países la urgente reducción de la población detenida para evitar una catástrofe en términos humanitarios y de salud pública.

Desde la declaración de la pandemia por parte de la OMS en el mes de marzo pasado muchos países han reducido su población carcelaria mediante intervención de distintos poderes del estado. En la Argentina se asumió que la solución debía ser judicial, correspondiendo a los distintos jueces y tribunales revisar la prisión preventiva o las condenas a penas de prisión de las personas privadas de libertad en situación de mayor riesgo y sustituir el encierro carcelario por arresto domiciliario en casos de delitos menores no violentos. En el ámbito federal las cámaras de casación federal y nacional dictaron sendas acordadas, recomendando criterios a tener en cuenta.

Las revisiones judiciales y sobre todo el menor ingreso de nuevos detenidos como resultado de la disminución de los delitos y de las detenciones policiales han producido una reducción de la población privada de libertad en las cárceles federales. Los equipos territoriales de la Dirección General de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación vienen monitoreando la situación de las cárceles federales desde el inicio de la pandemia y han solicitado al SPF datos de los egresos producidos. En base a ellos el Equipo de Estadística y Bases de Datos de la PPN ha elaborado un reporte estadístico para brindar información confiable sobre la situación de las cárceles federales en cuanto a personas detenidas y egresos producidos. De acuerdo con esta información, desde la declaración de la emergencia sanitaria hasta mediados de abril, egresaron 688 personas de las cárceles federales, de las cuales 314 fueron bajo arrestos domiciliarios. Al observar el tipo de delito por el cual estaban detenidas, se observa que siete de cada diez personas a quienes se les concedió la prisión domiciliaria, estaba privada de libertad por delitos vinculados con drogas.

Según datos del SPF en la actualidad no habría sobrepoblación en las cárceles federales. Pero hay que reiterar que la administración penitenciaria altera arbitrariamente los cupos de alojamiento declarados de los distintos establecimientos penitenciarios y que una simple cama no equivale a una plaza carcelaria sino que hay que garantizar unas condiciones mínimas de alojamiento en cuanto a espacio vital, ventilación, higiene y acceso a derechos. Hay muchas cárceles en las que resulta imposible adoptar medidas de distanciamiento social para evitar la propagación del coronavirus, en particular Devoto, que tiene niveles de hacinamiento muy graves.

Resulta fundamental que los jueces revisen las disposiciones de encarcelamiento de las personas detenidas por delitos menores conforme las acordadas de las cámaras de casación y las recomendaciones internacionales, y sustituyan temporalmente el encierro carcelario por arresto domiciliario, a fin de evitar comprometer la salud pública en las cárceles y en la comunidad en general.


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