Relevamiento poblacional de la Unidad Penal 15 de Batán

Sumario: 

CONSIDERACIONES SOBRE RELEVAMIENTO POBLACIONAL

Este primer relevamiento fue realizado los últimos días de febrero del 2020. Dado lo dinámico de la situación es nuestra intención mantener una actualización constante que sirva de referencia a distintos organismos.

Como se observa en el GRAFICO 1 existe una fuerte incidencia en el Departamento Judicial de Mar del Plata, destacando que Necochea pertenece igualmente al mismo Departamento.

Debido a esa incidencia es que nuestro próximo paso es analizar el Depto. Judicial de Mar del Plata, desagregando los Juzgado Penales y Tribunales de Origen o Jueces de Garantía que intervienen en cada proceso.

El GRAFICO 2 nos muestra la situación judicial que se reviste. Resulta relevante conocer que un 42% de la población reviste calidad de procesado; dato preocupante si como observamos en un posterior y medular análisis los procesos se extienden más allá del marco legal y normativo (en algunos casos hasta 15 años).

Además, se permitirá apreciar que en innumerables situaciones no se respetan los estándares establecidos respecto a la prisión preventiva, contrariando lo dispuesto por ejemplo por la Reglas de Tokio y colisionando con principios rectores tales como el in dubio pro reo y el favor rei.

En definitiva, los procesos penales se extienden en exceso y esa morosidad procesal es una situación que no debe recaer en cabeza del imputado. Posteriormente sería propicio contar con información suficiente que explique la demora de un proceso penal (que en la mayoría de los supuestos debería ocurrir con el imputado en libertad – art. 144 del CPP-.

Otro dato de relevancia se produce al observar el GRAFICO 3, donde puede colegirse que el 33% de detenidos reviste el mote de REINCIDENTE. Con lo que se infiere que las Cárceles no resocializan y están lejos de ser una clínica medicinal donde el condenado egrese en mejor forma de lo que ingresó.

Se requiere de un estudio profundo para analizar las causas que originan la proclividad delictiva (si se cuenta con vivienda y empleo, quien lo espera, como es su formación y sus orígenes). Datos carentes de sentido para una política de Estado ausente que poco se ocupa de quien retorna al medio libre.

Esto surge de la costumbre popular de ´que quien habitó alguna vez una cárcel, se encuentra estigmatizado y, a manera de una pseudo lepra, no merece convivir con el resto de la sociedad. Por ende, se cierran muchas puertas. El ex convicto muchas veces no tiene otro norte que primero la droga y posteriormente la delincuencia.

Se debe conformar un trabajo conjunto donde es fundamental la voluntad del recluso y el estímulo recibido para modificar conductas disvaliosas. Analizar además, la constitucionalidad o no de la reincidencia y la posibilidad de acceso a beneficios para el reincidente. Negarle el derecho es vulnerar el principio non bis in idem. 

La tipología respecto a los delitos también deja a las claras (GRAFICO 4.1.) la tendencia a la delincuencia en los delitos contra la propiedad ajena (Robo, hurto, etc), que muchas veces derivan en tragedias.

Un párrafo aparte merecen los delitos contra la Integridad Sexual, donde no existe de parte del Estado un adecuado seguimiento para conocer si esa persona se encuentra apta para su retorno al medio libre (los informes del DTC y las pericias son insuficientes). Un supuesto abusador no readaptado representa un riesgo mayor para la sociedad. Sería importante contar con clínicas o terapias en el exterior, para que estas personas puedan tener un seguimiento adecuado y se determinen si están aptas para la convivencia o si es preferible que continúen alojados en clínicas especiales.

En los delitos graves contra la vida de una persona hay que analizar el comportamiento del individuo desde su historia de vida y lo racional o irracional de sus actos. No es lo mismo quien habita una cárcel por casualidad o por una mera discusión que derivó en tragedia, de aquellas personas en las que predomina una patología violenta. Se debe hacer un riguroso y medular análisis en un delito tan frecuente hoy vinculado a la violencia de género que derivan en femicidios.

Otro delito significativo es el vinculado al tráfico de estupefacientes. De difícil control debido a que la droga se encuentra en las esferas más elevadas del poder y representan una rentabilidad asombrosa. Se exige una política gubernamental que marque una reglamentación para el consumo mínimo que evite que la persona venga a prisión.

Los delitos con escaso monto punitivo deberían sustituirse por castigos alternativos (probation, tareas comunitarias, multas). Recordando que el castigo recibido con una pena de prisión NUNCA CURA. Por el contrario, en muchas ocasiones proporciona al individuo actitudes tenebrosas y ocultas que surgen a través de nuevos lazos de amistades proclives a la delincuencia.

El GRAFICO 5 nos muestra los montos de las condenas impuestas. Lo relevante son las condenas menores a 3 años completamente evitables o que pueden suplirse con arrestos domiciliarios que atenúen una medida de coerción o con medidas que no deriven en una prisión preventiva. También resaltamos que existe un 35% de personas sin sentencia, lo que deviene en traumático para quien habita una prisión.

Un tema traumático son las personas con prisión perpetua. Donde no se respetan estandares constitucionales. Donde se estigmatiza al condenado en una condena in eternum, contrariando el principio de resocialización de la Ley de Ejecución Penal, que boga por la Progresividad de la Pena. En un estado de derecho las penas a perpetuidad deben suplirse por un monto cuantificable donde el condenado tenga un horizonte de vida (Art. 75 inc. 22 de la CN “NADIE SERA SOMETIDO A PENAS CRUELES, INHUMANAS O DEGRADANTES”).

Las edades (GRAFICO 6) muestran que un 70% se encuentra en la franja de entre 20 y 40 años de edad. En esta Unidad no existe una gran franja juvenil (menor a 20); lo que demuestra en principio que muchas personas tienen arraigado el delito como una forma de vida. Aunque esta inferencia requiere un análisis posterior. ´

También es preocupante el número de personas mayores a 60 años alojadas en prisión. En una cárcel superpoblada, hacinada y con escasez de medicamentos merecen terminar sus días de vida en un lugar digno. Se reclama una dosis de humanidad que permita suplir una prisión preventiva por una libertad anticipada o una prisión domiciliaria.

Por último, el GRAFICO 7 nos muestra en detalle la posible accesibilidad de personas a un determinado beneficio liberatorio. Es alarmante observar que un 18% de esas personas ya deberían transitar el medio libre. Mucho peor aún si un 41% de esa franja de posibles beneficiados se encuentran a la espera de una Asistida por Agotamiento de Pena. Gravedad institucional que hace a la desidia o arbitrariedad del poder judicial y a las falencias de un Departamento Técnico Criminológico con informes (rayanos a lo obsceno y que vulneran principio de reserva del art. 19 de la CN al referir aspectos subjetivos de la personalidad) que no debieran ser vinculantes pero que claramente inciden en la voluntad del magistrado.

Más allá de corrientes garantistas o positivistas, un verdadero estado de derecho debe velar por el cumplimiento de los derechos y garantías de toda la población. Los privados de libertad somos los no deseables de una sociedad; eso no significa que no continuemos siendo ciudadanos y seres humanos y que merezcamos ser tratados con dignidad humana.

La libertad individual no es bien que admita restitución.

Descargar archivo 1 : miscelaneas48702.pdf
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