“-Es inadmisible el recurso de casación deducido contra la resolución que rechazó el planteo de la extinción de la acción penal, y el consecuente sobreseimiento del imputado, en los términos del artículo 59, inciso 6°, del Código Penal, pues carece de un requisito insoslayable a tal fin, en tanto se dirige contra una resolución que no está comprendida entre las enunciadas en el art. 457 C.P.P.N, en la medida en que esa decisión sólo importa la consecuencia de continuar sometido a proceso. Si bien el recurrente postula que sus efectos no podrían ser reparados útilmente por una sentencia posterior, no ha sustanciado suficientemente esa alegación (voto del juez Magariños)

-La decisión del tribunal de grado que resolvió rechazar la aplicación del instituto de la extinción penal por conciliación en los términos del art. 59. Inc. 6°, CP, y el consecuente sobreseimiento del imputado, debe considerarse como una sentencia equiparable a definitiva, que ha causado un gravamen de insuficiente, imposible o tardía reparación ulterior, pues selló definitivamente, a partir de una fundamentación sólo aparente, la eventual procedencia de un medio alternativo de solución del conflicto, que, de haber sido admitido, hubiese evitado que el imputado siguiese sometido a proceso al declararse extinguida, en su caso, la acción penal. La circunstancia de que el art. 356, CPPF, no incluyera a las resoluciones que denieguen la aplicación del art. 34, CPPF, dentro de las “decisiones impugnables” allí mencionadas, no implica obstáculo alguno para su consideración como una sentencia definitiva, en los términos precisados (voto del juez Huarte Petite)

-Debe reconocerse operatividad plena a las causales obstativas de la persecución penal contenidas en el inciso 6° del artículo 59, -t.o. ley 27.147-, entre las que se encuentra el instituto de la “conciliación”, las que resultaban plenamente aplicables, y debían ser reconocidas en juicio cuando se verificasen sus requisitos, cualquiera que sea la norma procesal que se encontrase en vigencia, habida cuenta su carácter de normas de derecho material. La discusión vinculada con la operatividad de tal instituto quedó superada con lo decidido por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal del Honorable Congreso de la Nación, que implementó, el 13 de noviembre de 2019 (por Resolución COMCPPF N° 02 –P/19, B.O.: 19-11-19) en lo que aquí interesa, los artículos 19, 21, 22, 31, 34, 80, 81, 210, 221 y 222 del citado Código, para todos los tribunales de la Justicia Nacional Penal, mientras resulte de aplicación por parte de estos tribunales el Código Procesal Penal Federal (artículo N° 1, segundo párrafo). En consecuencia, a la fecha no admite discusión que las causales de extinción de la acción penal previstas en el art. 59, inc. 6, CP, se encuentran plenamente operativas y que, en la consideración de su aplicabilidad a un caso concreto, debe tenerse en cuenta lo establecido en las normas pertinentes del Código Procesal Penal Federal puestas en vigencia para la jurisdicción (voto del juez Huarte Petite)

Cita de “Navarro” (Reg. nº 1153/18, Sala III, rta. 18.9.18, voto del juez Huarte Petite), “Aquino” (Reg. nº 1361/18, Sala III, rta. 24.9.18, voto del juez Huarte Petite), “Almeida” (Reg. nº 1431/18, Sala III, rta. 6.11.18, voto del juez Huarte Petite); y Fallo de la Corte Suprema “Oliva, Alejandro Miguel s/ incidente de recurso extraordinario”, CCC 9963/2015/2/1/RH1, sentencia del 27 de agosto de 2020

-Corresponde descalificar como un acto jurisdiccional válido la decisión que rechazó el planteo de extinción de la acción penal, y el consecuente sobreseimiento del imputado, en los términos del artículo 59, inc. 6°, CP., pues denegó la posibilidad de avanzar en el tratamiento de esa causal de extinción de la acción penal en juego con el único argumento de su no operatividad, en razón de que ella no había sido objeto de una regulación expresa en la ley procesal aplicable (el Código Procesal Penal de la Nación, ley 23.984), sin hacerse cargo de los fundamentos invocados tanto por la defensa como por la parte acusadora, con sustento en normas contenidas en la Constitución Nacional y en otras disposiciones legales, a fin de posibilitar el tratamiento jurisdiccional de lo establecido en la citada norma ni explicar siquiera por qué aquellas disposiciones no resultaban decisivas (doctrina de Fallos: 301:970 y 311:1191, entre otros), pues habían sido oportunamente propuestas y resultaban conducentes para la solución del litigio (doctrina de Fallos: 329:5460 y 339:408, entre otros) (voto del juez Huarte Petite)

-Corresponde tener por extinguida la acción penal y disponer el consecuente sobreseimiento del imputado, pues resulta aplicable la solución prevista en el art. 59 inciso 6 del Código Penal, si se ha arribado a un acuerdo con la presunta víctima, medió consentimiento fiscal y el hecho investigado no reviste gravedad. Ello, con más razón ahora que el art. 34 CPPF se encuentra vigente y, por ende, se reunirían en el caso los requisitos previstos por la ley para la culminación del proceso del modo propuesto por las partes (voto del juez Jantus)

Cita de “Navarro”, Reg. n° 1153/18 (voto del juez Jantus)

“Retamar, Javier s/ estafa”, CNCCC 53965/2018/TO1/CNC1, Sala 3, Reg. 2762/2020, resuelta el 18 de septiembre de 2020”.-