INVOCACIÓN DE LA INTRODUCCIÓN DE UN RIESGO NO PERMITIDO – PLANTEO INTEMPESTIVO - ANÁLISIS DEL DEBER OBJETIVO DE CUIDADO

Nacional \ Cámara Nacional de Casación Penal de la Capital Federal
Fecha resolución: 28 - Sep - 2020

“A los fines de ingresar a la instancia casatoria, en el caso de un recurso de la parte acusadora, debería argumentarse, y verificarse desde ya, un caso de arbitrariedad en la determinación de los hechos y la evaluación de las pruebas, incluso la omisión arbitraria de argumentos o ausencia de fundamentación (voto del juez Días)

 

Corresponde rechazar el recurso de casación deducido por la querella contra la decisión que sobreseyó al imputado en orden al delito lesiones culposas graves y gravísimas, en concurso ideal entre sí, pues la crítica formulada –mediante la cual se sostiene que el  hecho materia de investigación debe adecuarse típicamente en el delito previsto en el art. 94, segundo párrafo, CP- propone una lectura diversa de las circunstancias fácticas, argumentos y razones; para ello se circunscribe a considerar que el imputado no obró con una conducta alternativa conforme a derecho, esto es, frenando o aplicando maniobras de evitación, lo que importó que el a quo ignore una “fuente adicional de riesgo” en cabeza del imputado –esto es que, de una interrelación de las variables velocidad, distancia y tiempo que,  a partir de una serie de cálculos que la parte propone, darían cuenta que, aun conduciendo a la velocidad permitida, tuvo visión y tiempo suficiente para evitar el resultado, y que pese a ello, no lo hizo, por lo que infrigió el deber objetivo de cuidado-, sin indicar cuál circunstancia debió haber sido considerada por el a quo para arribar a ello. Además, el reclamo importa alterar sustancialmente el marco fáctico de la discusión desarrollada ante la instancia originaria por lo que, si esta era la posición de la querellante, debió introducir tales consideraciones de hecho y su anclaje jurídico ya desde la primera ocasión que tuvo para hacerlo, de manera de posibilitar la discusión en igualdad de condiciones (voto del juez Días).

 

No se observa una incorrecta aplicación de la ley sustantiva si frente al sobreseimiento dispuesto en las actuaciones, la querellante pretende intempestivamente introducir una lectura diversa de las circunstancias fácticas, argumentos y razones absolutamente novedosas para lograr revertir aquel resultado. Así, menciona una presunción que jugaría en perjuicio del imputado -y que surge de la ley extrapenal, sin explicar mínimamente cómo debería conjugarse esa regla frente a garantías como la que protege contra la autoincriminación, cuestión que pone de resalto la necesidad de oportuno confronte de estas cuestiones entre las partes en la instancia originaria. Algo similar sucede con la sugerencia de la recurrente introducida novedosamente en esta instancia acerca de que, dando por cierto aquello que antes se cuestionaba (que el imputado circulaba a una velocidad dentro de los márgenes permitidos), si no evitó el resultado es porque quebrantó su rol introduciendo la fuente adicional riesgosa que le impidió reaccionar a tiempo. Además de la naturaleza eminentemente fáctica de la cuestión, la afirmación de  la recurrente constituye una aseveración dogmática, que no ha explicado sobre la base de algún sustento probatorio. A su vez, tal afirmación invierte el razonamiento lógico negando por completo una porción de los acontecimientos probados, esto es, aquello relativo a la actividad desplegada por las víctimas y su incidencia en el suceso (voto del juez Días).

 

Corresponde rechazar el agravio que la querella introduce contra el sobreseimiento dispuesto en las actuaciones en orden al delito de lesiones culposas graves y gravísimas, en concurso ideal entre sí, puesto que aquella no ha conseguido poner en crisis de algún modo la resolución atacada, al pretender desvirtuar la conclusión de la cámara de apelaciones referida a la existencia de cierta dosis de alcohol en sangre en las víctimas del suceso. Dicha circunstancia se dio por probada y adecuadamente relevada, y su consideración en modo alguno aparece como irrazonable para evaluar, junto con otros elementos, la actividad de las víctimas; lo que adquiere especial hálito al conjugarlo con las declaraciones testimoniales que manifestaron sorpresa por el cruce de los damnificados en la vía pública en las circunstancias del caso. A igual conclusión cabe arribar sobre la crítica respecto de la relevancia de considerar el momento de producción del examen de sangre sobre las víctimas, ya que la alzada señaló con sensatez que si a la hora de realización de la prueba tenían cierta dosis de alcohol en sangre, más cerca temporalmente del hecho esa dosis sería necesariamente mayor (voto del juez Días).

 

De acuerdo con el régimen del CPPN vigente, el acusador particular goza de un derecho legal de recurrir la sentencia (a diferencia de la garantía del acusado), pero no a un “doble conforme”, esto es, una revisión amplia de la absolución. En esta dirección, el acusador no es titular de una garantía que obligue a revisar la absolución. Como consecuencia de esto, el recurso de la querella o fiscal deben satisfacer los requisitos propios del recurso de casación. La incorporación al ordenamiento jurídico argentino de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos implicó, de manera general, un fuerte impacto en el sistema de garantías. En el tema bajo análisis, significó un cambio rotundo en la concepción tradicional del recurso de casación: entendido en su nacimiento moderno como un medio de asegurar la interpretación judicial uniforme de la ley (para evitar las arbitrariedades de los jueces y garantizar la supremacía del legislador), con el transcurso del tiempo se transformó -primero- en un instrumento de gobierno y control funcional jerárquico de la actividad judicial, y luego en una garantía del condenado (voto del juez Sarrabayrouse).

Citas de “Insúa”, Reg. 935/2016; “Benavidez”, Reg. 643/2017; “Díaz y Bergara Pérez”, Reg. 817/2018; “Romero”, Reg. 907/2018; “Castro”, Reg. 1338/2018; e “Ibarra”, Reg. 1067/2019

 

A los fines de determinar si se ha verificado una inobservancia al deber de cuidado que incumbe al autor, se requiere, en cada caso particular, definirlo una vez conocidas concretamente las circunstancias en las que se desarrolló la acción. La tipicidad de dicha acción se determinará, entonces, mediante la comparación de la acción realizada con la exigida por el deber de cuidado en la situación concreta. En este aspecto, la ley nacional de tránsito garantiza cierto “cierre” del delito imprudente, al estipular una serie de deberes aplicables a quien participa en el tráfico de automotores. Asimismo, para establecer la violación del deber de cuidado la perspectiva siempre debe ser ex ante, es decir, debe evaluase la concreta situación en la que el imputado obró, con independencia de la gravedad de los resultados acaecidos; de lo contrario, frente a casos con gran cantidad de afectados, si se adopta un enfoque ex post se corre el peligro de que la evaluación sea más estricta (voto del juez Sarrabayrouse).

 

No se aprecia, ni la querella logra demostrar en sus recursos, que el análisis de la conducta del imputado realizado por la cámara de apelaciones al disponer su sobreseimiento, se aparte de los criterios para determinar la violación al “deber de cuidado” –es decir, que análisis sea evaluado ex ante, y no es post–. Al respecto, cabe señalar que en cuanto a la negativa del imputado a la extracción de sangre, los querellantes, más allá de invocar la infracción a la ley 24.449, no señalan cómo en el caso concreto esto implicó la creación o introducción de un riesgo no permitido, típicamente relevante en el ámbito penal, concretado en las lesiones padecidas por los damnificados a la luz de los criterios desarrollados por la teoría de la imputación objetiva, sin perjuicio de no exponer con claridad de qué manera aquella actitud del imputado se conjuga con la prohibición constitucional de ser obligado a declarar contra sí mismo (voto del juez Sarrabayrouse).

 

“Anzorreguy, Marcos s/ recurso de casación”, CNCCC 41669/2014/7/CNC1, Sala 2, Reg. 1441/2020, resuelta el 17 de junio de 2020”.-

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