Extinción de la acción penal por prescripción – Sobreseimiento – Abuso sexual reiterado de una menor de edad ocurrido entre los años 1996 y 1997 – Vocal Lucero: Ley aplicable 25.990 – Acción penal prescripta - Vocal Lucini: Ley aplicable 26.705

Nacional \ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Fecha resolución: 18 - Sep - 2020

“(…) Hecho:

“Se inicia la presente con la denuncia efectuada por N. A. G. el 18 de junio de 2019, en sede policial, con motivo de abusos sexuales que habría padecido por parte de A. A., su tío paterno –fs. 1/2-. La misma fue ampliada ante el Programa Las Víctimas Contra las Violencias (137), en la Oficina de Violencia Doméstica de la CSJN –fs. 11/14 y 32/36-, y finalmente, en la sede de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional n° 51, a cargo de la investigación en los términos del art. 196 del C.P.P.

Conforme dictaminó la Fiscalía actuante a fs. 62/63, los episodios tuvieron lugar entre los 3 y 17 años de edad de la agraviada, en el interior del domicilio sito en …, depto. …, CABA.

A fs. 62/63, el Ministerio Público Fiscal realiza su dictamen con remisión al relato de N. A. G., quien expuso que el imputado A. A. practicó sexo oral, le obligó a que se lo practique a él, le tocó sus partes íntimas por encima y por debajo de su ropa, y le pidió que ingresase al baño y se quitase la ropa para espiarla por la mirilla de la puerta.

Esto, habría ocurrido en reiteradas oportunidades en el período comprendido entre sus 3 y 17 años de edad, entre los años 1985 y 2000, de las cuales se precisaron los siguientes hechos, a saber:

1.- Cuando la denunciante poseía 4 años de edad -1986/1987-, el encartado se acostó en el suelo boca arriba, y la hizo sentar sobre su rostro, sin ropa. En otra ocasión se masturbó de espalda a ella, y luego de eyacular le colocó su semen dentro de su cavidad bucal.

2.- A los 14 años de edad -1996/1997-, A. G. se mudó al domicilio del denunciado, con el que le tocó compartir habitación, donde tuvieron lugar episodios de relaciones sexuales sin penetración. El sujeto, la obligaba a desvestirse y le apoyaba el pene, para luego masturbarse, y en una oportunidad intentó penetrarla, lo que no pudo al cerrar la víctima las piernas.

3.- Cuando A. G. tenía 4 años –de vuelta 1986/1987-, en una oportunidad se dirigió al baño a orinar, al que también ingresó su tío, y la obligó a que le orinase en la cabeza, lo que la nombrada no pudo hacer. Así las cosas, en razón de que los hechos señalados en los acápites I y III tuvieron lugar cuando el imputado era menor de edad, se declaró la incompetencia y se remitió el sumario a la justicia de menores.

El Juzgado Nacional de Menores Nro. 4 se expidió respecto de los sucesos descriptos en los puntos 1 y 3, sosteniendo que el plazo máximo dispuesto en el art. 62 inc. 2 del Código Penal de la Nación -12 años- para que opere la prescripción de la acción penal de dichos sucesos, ocurridos entre los años 1986 y 1987, es decir cuando el imputado aún era menor de edad, había sido alcanzado y superado. En consecuencia, declaró la extinción de la acción penal y devolvió los actuados a esta judicatura a fin de que se resuelva respecto del suceso descripto en el punto II.”

II. Valoración: 

El juez Pablo Guillermo Lucero dijo:

Considero que la decisión adoptada en la instancia de origen encuentra fundamento legal en los principios de raigambre constitucional y en las reglas del derecho interno en materia de prescripción, razón por la cual corresponde convalidar la resolución impugnada.

Los hechos que se le atribuyen a A. A. serían constitutivos del delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido contra una menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo (art. 119 primer y último párrafo, inciso “f” del Cód. Penal). Estos episodios –identificados como hecho II- habrían tenido lugar en esta ciudad entre los años 1996 y 1997, cuando la denunciante tenía entre 14 y 15 años (nacida el 1° de marzo de 1982).

Al respecto, por los argumentos que desarrollé en los precedentes “Marcolín”; “Rotondo” (Sala I, c. 57435/2018, resuelta el 26/12/2019; 49726/18, resuelta el 21/02/2020, entre otras), no resultan aplicables las prescripciones de la ley 27.206 -promulgada el 9/11/15- a hechos que habrían acontecido entre los años 1996 y 1997. Por ello, el presente caso debe regirse por la ley 25.990 norma penal vigente al momento de los eventos denunciados, además de ser la más benigna para el imputado.

En función de ello, desde el año 1997 hasta el momento de la denuncia que originó la presente causa -18/06/2019-, teniendo en cuenta la calificación legal de los sucesos, ha transcurrido el plazo máximo dispuesto en el art. 62, inc. 2° del código sustantivo.

Entonces, toda vez que no se han verificado actos interruptivos del curso de la prescripción, puesto que el imputado no registra antecedentes penales (ver lex 100), ha operado el tiempo estipulado por aquella norma y, en consecuencia, la acción penal se encuentra extinguida por prescripción a su respecto.

En virtud de ello, entiendo que la ley 25.990 que modificó la normativa vigente al tiempo del hecho sobre la secuela de juicio, resulta también más benigna que las leyes 26.705 y 27.206, de modo que el principio de irretroactividad de la ley penal que prevé el art. 2 del Código Penal impide aplicar las modificaciones ulteriores en perjuicio del imputado, pues lo colocaría en una situación más gravosa.

Entonces, por los argumentos que postulé en los precedentes primeramente mencionados, a los cuales me remito en honor a la brevedad, se encuentra superada la cuestión desde tal perspectiva legal y también desde una visión constitucional, pues el principio de legalidad en materia penal (art. 18 de la Constitución Nacional), entre sus múltiples contenidos, comprende el de la irretroactividad de la legislación penal.

Asimismo, de las actuaciones no se desprenden razones que indiquen que estamos frente a episodios que puedan ser subsumidos en la categoría que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha denominado “graves violaciones de derechos humanos”, particular clase de delitos que no está sujeta a extinción por prescripción.

Tampoco advierto motivos suficientes por los cuales cabría otorgar al principio de legalidad y la prohibición de aplicar retroactivamente en perjuicio del imputado las leyes penales más gravosas -art. 18 de la CN y en análogas disposiciones contenidas en los arts. 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-, un alcance más restringido que el asignado por el a quo en el sub examen.

Así voto.

El juez Julio Marcelo Lucini dijo:

La cuestión se ciñe a determinar si los hechos denunciados por N. A. G. se encuentran prescriptos o, por lo contrario, deben aplicarse los tratados internacionales para mantener vigente la acción.

Tal como he sostenido en varias oportunidades, los casos en los cuales se investigan delitos que afectan la libertad sexual de una víctima menor de edad deben regirse bajo las directrices de la ley 26.705. Es decir que hasta tanto adquiera la mayoría de edad, lo cual importa la posibilidad cierta de tener capacidad para denunciar, no empezará a correr el plazo para que opere la prescripción de la acción penal en relación a sus posibles autores (in re: c. 13087/16 “S., C. s/ procesamiento” rta: 6/3/18 y 82867/18 “P., S. . s/ prescripción” rta: 11/10/19, del registro de la Sala VI).

En razón de ello, teniendo en cuenta que la denunciante alcanzó esa edad en el año 2003 –tal como establecía el Código Civil aún no modificado por la Ley 26.579- e instó la acción en el año 2019, entiendo que ha transcurrido dicho plazo de doce años.

De ese modo, lo que pretende el recurrente en cuanto a la aplicación de la normativa internacional no será atendido.

Es que de sus textos no se desprende la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual, los que en nuestro país son de instancia privada, con las limitaciones que acarrea el impulso y vigencia de su acción, a diferencia de los de lesa humanidad cometido por agentes estatales o particulares que hubiesen obrado con aquiescencia o bajo su dirección, lo cual admitiría la imprescriptibilidad y potestad persecutoria per se del Fiscal (cfr. mutatis mutandi el criterio fijado en el fallo “F., G. J. y otro” de la Corte Suprema de Justicia – causa F. 294. XL VII- resulta el 14 de octubre de 2014).

Por lo tanto, actuar de la manera en la que propone el acusador público importaría desoír las mandas de nuestro sistema interno, por lo que voto por confirmar el decisorio atacado (...)”.

Descargar archivo 1 : fallos49458.pdf
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