Detención y requisa – Nulidad rechazada – Validez - Actuación razonable y justificada de los preventores

Nacional \ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Fecha resolución: 09 - Sep - 2020

“(…) IV. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo:

A la luz de los elementos que conforman el legajo, estimo que el procedimiento que culminó con la detención y requisa de Agudelo García se inició válidamente.

Surge de autos que el Oficial Aníbal Gerardo Castro cumplía funciones de prevención en la intersección de las avenidas Gaona y Nazca de este medio cuando advirtió que el imputado –quien no lucía barbijo– observaba a los transeúntes que se desplazaban por la zona y se aproximaba a ellos mientras caminaban, hasta que notó la presencia policial e ingresó rápidamente a un comercio.

Frente a esta circunstancia, el preventor se dirigió al lugar y le solicitó que se identifique, aunque el acusado no contaba con su documentación personal. De seguido, le requirió que le exhiba las pertenencias que llevaba consigo, oportunidad en la que extrajo un teléfono móvil de su bolsillo y el agente notó que ocultaba otro aparato en la manga de su abrigo (ver fs. 1/vta.).

En ese momento se sumó al procedimiento el Inspector Damián Rodrigo Lozano Solari, quien le consultó sobre la procedencia de los dispositivos de comunicación, ocasión en la que el encausado adujo que uno de ellos era de su propiedad y el otro le pertenecía a su madre, aunque luego se desdijo y le atribuyó la titularidad a su padrastro, cuyo nombre no recordaba (fs. 2/3).

Así las cosas, el examen de las constancias reseñadas exhibe que la inicial intervención del agente se vio determinada por circunstancias objetivas que reflejan los “indicios vehementes de culpabilidad” (la actitud del acusado de observar y aproximarse a los peatones hasta que advirtió su presencia e ingresó en un local comercial) a los que refiere el artículo 284, inciso 3°, del catálogo procesal y, por tanto, permiten colegir que la detención de Agudelo García se dio en el marco de las facultades que reconoce esa norma a los funcionarios públicos.

Mismo análisis corresponde efectuar en torno a la requisa, llevada a cabo con los alcances que surgen del art. 230 bis, apartado “a”, ibídem, toda vez que se conformó un cuadro que razonable y objetivamente pudo llevar al agente policial a considerar que se hallaba en presencia de la comisión de un delito o, al menos, frente a una situación que ameritaba indagar sobre qué era lo que estaba ocurriendo. Ello, incluso, sin considerar el resultado de la diligencia.

Es que, si bien la acción desarrollada en la ocasión por Agudelo García no excedió de un proceder lícito (esto es, acercarse a los transeúntes e intentar refugiarse en una tienda al percatarse de que había un efectivo de seguridad), no puede descartarse que ello generara un interrogante en el Of. Castro, quien tiene a su cargo precisamente la prevención de delitos y, por tanto, disipar esa duda.

Resta señalar que la percepción de los policías radica en su profesionalismo y experiencia y que, con los extremos que surgen de la presente resolución, no se está habilitando a condenar al prevenido –función inherente a los magistrados– sino, antes bien, a los efectivos de seguridad a averiguar qué sucede ante determinado escenario fáctico, resultando una posible consecuencia de esa pesquisa comprobar que nada habilita a instruir sumario. En esta dirección, entiendo que restringir exageradamente las funciones policiales hasta el límite de la inacción podría conducir a un incumplimiento con eventuales consecuencias para el funcionario público.

Una postura contraria llevaría a ignorar la legitimidad de lo actuado en prevención de delitos, en circunstancias de urgencia y dentro del marco de una actuación prudente y razonable del funcionario policial en el ejercicio de sus funciones específicas (ver “Código Procesal Penal de la Nación”, dirigido por Miguel Ángel Almeyra, Tomo II, Edit. La Ley, Bs. As., pág. 45, citado en mi voto en causa n° 37366/2018/3, “Grandes Martínez”, rta. 1/11/2018).

En definitiva, lo expuesto da cuenta de que el procedimiento se ajustó a los parámetros que para estos supuestos impone la ley procesal y se adecuó a una actuación lógica y basada en el sentido común que debe regir a quienes velan por la seguridad de los ciudadanos, de modo que, al compartir los argumentos vertidos por el juez de grado en el auto recurrido, voto por confirmar el auto impugnado.

El juez Ricardo Matías Pinto dijo:

Si bien mi decisión en torno a la cuestión que nos convoca será en el mismo sentido que la adoptada por mi colega preopinante, entiendo necesario efectuar las siguientes consideraciones.

El principio contenido en el artículo 18 de la Constitución Nacional relativo a que “(...) nadie puede ser (...) arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente (...)” se encuentra reglamentado por el artículo 284 del CPPN y por la ley 23.950, que establecen un catálogo de excepciones entre las que se prevé un tiempo mínimo para verificar la identidad de la persona o ante la presencia de “indicios vehementes de culpabilidad”, que permitan presumir la comisión de un hecho de entidad delictiva o la posibilidad de su producción para poder proceder de esta manera.

En el caso se verificaron datos objetivos que habilitaron al funcionario a interceptar al acusado, al menos, para identificarlo cuando notó que observaba y se acercaba a los peatones que se desplazaban por el lugar y que, al advertir su presencia, se dirigió inmediatamente al interior de un comercio.

Estas circunstancias demuestran la razonabilidad del accionar del Oficial Aníbal Gerardo Castro.

Esta mínima restricción de la libertad, interpretada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el fallo “Terry vs. Ohio” como “stop and frisk” (interceptación con fines investigativos), requiere un grado probatorio menor que el de “causa probable”, que permite una detención o requisa (ver Código Procesal Penal de la Nación. Comentado y Anotado. Miguel A. Almeyra, Director; Roque Funes, coautor, Ed. LL. p.277 y siguientes, y CSJN Fallos: 332:2397 “Ciraolo” del 20/10/09 del voto de la disidencia, considerando 13°).

En esta senda debe distinguirse una interceptación -stop- de un arresto -detención propia- y entre el cacheo -frisk- y un registro -search-. Los policías están facultados para interceptar a una persona en la vía pública, por un breve lapso, si se presume que podría estar vinculada con un delito y, eventualmente estar armada, lo que habilitaría, a su vez, un cacheo para despejar su duda.

Un supuesto similar fue analizado en el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos “Illinois vs. Wardlow” del 12 de enero de 2000. En el caso, un grupo de policías convergieron en un área conocida por el tráfico ilegal de estupefacientes y, en ese contexto, el oficial decidió investigar a Wardlow luego de observarlo darse a la fuga. La presencia del individuo en el área de venta de narcóticos no fue lo que motivó la sospecha, sino su huida al notar la presencia policial. Allí se concluyó que la conducta nerviosa y evasiva constituye un factor pertinente para determinar una sospecha.

Por otra parte, en el caso Florida vs. Royer, el Máximo Tribunal de ese país afirmó que cuando un oficial se acerca a un sujeto, sin sospecha razonable o causa probable, el individuo tiene el derecho a ignorarlo y continuar caminando. La negativa a cooperar, sin más, no determina el mínimo nivel de justificación requerida para una detención e inspección. Sin embargo, una fuga sin ser provocada permite a los policías detener al sujeto y realizar una mínima investigación (ver, Sala VI, la causa N° 1469 “Torres, Luis Oscar s/nulidad”, rta: 1/11/2012, en donde se citaron ambos fallos publicados en “Jurisprudencia Argentina”, 2004-IV, fascículo 12, página 28 y ss.).-

En este contexto, la actuación de la policía fue prudente y razonable y ajustada al estándar requerido por la normativa vigente.

Tras ello, el preventor le solicitó infructuosamente que se identifique y que le exhiba las pertenencias que llevaba consigo, ocasión en la que le enseñó un teléfono celular y reparó que intentaba ocultar otro aparato de comunicación entre sus vestimentas.

Por tal motivo, el Inspector Damián Rodrigo Lozano Solari –quien se incorporó con posterioridad al procedimiento– le consultó sobre la titularidad de los mismos, instante en el que García Agudelo respondió que uno de ellos le pertenecía a él y el otro a su madre, aunque luego alegó que era de su padrastro, de quien desconocía el nombre.

Las razones expuestas permiten descartar los agravios formulados en el remedio procesal a estudio, por cuanto su aproximación a los peatones que circulaban por la zona, la actitud elusiva frente a los preventores, la imposibilidad de ser identificado y el intento de ocultar un teléfono móvil entre sus vestimentas, denotan la presencia de circunstancias previas y concomitantes que razonable y objetivamente justificaron el proceder de los agentes de seguridad.

En tal sentido, yerra el recurrente al sostener que el actuar policial sólo resulta legítimo en caso de que un sujeto sea sorprendido mientras comete un delito de acción pública.

Por lo tanto, al compartir y hacer propios los sólidos fundamentos del Sr. Juez, voto por confirmar el rechazo del planteo de nulidad formulado por la asistencia técnica de Agudelo García (...)”

Descargar archivo 1 : fallos49406.pdf
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