Decomiso preventivo y anticipado en favor del Estado Nacional – Caso en el que no se dan los presupuestos de los arts. 23 y 305 del CP – Revocación

Nacional \ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Fecha resolución: 08 - Sep - 2020

“(…) I. Llegan las presentes actuaciones a esta cámara ante el recurso de apelación interpuesto a fs. 302/3 por L, Pizzo contra la resolución de fs. 277/97 que convirtió en decomiso preventivo y anticipado en favor del Estado Nacional el secuestro de las sumas de once mil setecientos setenta y cinco pesos ($ 11.775) y diez mil ciento cincuenta dólares estadounidenses (U$S 10.150).

II. Analizadas las constancias de la causa, el tribunal no comparte la decisión impugnada, por lo cual será revocada.

El juez de grado sostuvo que, el decomiso definitivo de las sumas dinerarias incautadas en el marco de la presente investigación, responde a la necesidad de asegurar la eventual reparación del daño causado a la sociedad y al Estado mismo, mediante la comisión de los hechos investigados en estas actuaciones.

A tal efecto, consideró procedente la medida regulada por el artículo 23 del Código Penal, que a partir de la reforma introducida por la ley 26.683 establece, a modo de excepción que “En caso de los delitos previstos en el artículo 213 ter y quater y en el Título XIII del libro Segundo de éste código, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuvieren vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes”.

Invocó también el segundo párrafo del artículo 305 del mismo código, introducido por la misma ley, en cuanto dispone que “En operaciones de lavado de activos, serán decomisados de modo definitivo, sin necesidad de condena penal, cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen, o del hecho material al que estuviesen vinculados, y el imputado no pudiere ser enjuiciado por motivos de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción penal, o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilícito de los bienes.”

En el caso que nos ocupa, y sin perjuicio de que se haya decretado el procesamiento de Salas Valdivieso y Pizzo, no se advierte que se den los presupuestos invocados en la anterior instancia ni en las normas invocadas, es más, el juez de grado no apeló a ninguna de esas figuras típicas para calificar la conducta de los nombrados.

En primer lugar, cabe tener en cuenta que el origen ilícito del dinero incautado es justamente el principal objeto de investigación, pues mientras se sostiene al momento de indagarse a los imputados y al resolver su situación procesal, que ha quedado demostrado dicho origen, ambos brindaron explicaciones de cómo había llegado a su poder. Salas Valdivieso indicó que le había sido entregado por Pizzo y éste, si bien en un primer momento, al reclamar su devolución indicó que esa suyo, luego explicó que se lo había entregado G. A. Joaquín, quien por cierto reconoció la entrega de dinero a Pizzo, aun cuando desconoció que sean los billetes incautados.

G. A. Joaquín fue sobreseído en estas actuaciones en resolución que ha pasado en autoridad de cosa juzgada.

Pero a su vez y aun cuando pudiera superarse esta primera cuestión, no se advierte que se dé en el caso el supuesto de excepcionalidad contemplado en ambos artículos del Código Penal pues, no sólo se requiere la verificación del origen ilícito de lo secuestrado, sino que, el decomiso anticipado, encuentra fundamento en la imposibilidad de enjuiciamiento de los imputados o cuando, y este no es el caso, éstos reconocieran tal origen.

El destino del dinero incautado, deberá entonces ser decidido, ya sea en el eventual juicio que se realice o al momento de resolver en definitiva la responsabilidad penal de los imputados.

Finalmente, el mismo artículo 23 del C.P. que cita el juez de grado establece, en su párrafo 9° que el juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares suficientes para asegurar el decomiso del o de los inmuebles, fondos de comercio, depósitos, transportes, elementos informáticos….y todo otro bien o derecho patrimonial sobre los que por tratarse de instrumentos o efectos relacionados con el o los delitos que se investigan, el decomiso presumiblemente pueda recaer…” con lo cual queda claro que el espíritu de la norma evidencia que hasta el dictado de la sentencia condenatoria el magistrado solamente puede disponer medidas cautelares sobre los bienes en los que habrá de disponerse, eventualmente, el decomiso, que justamente implica una consecuencia directa de un pronunciamiento condenatorio, no de una imputación penal (...)”

Descargar archivo 1 : fallos49400.pdf
  COMENTAR