Entorpecimiento de los medios de transporte (art. 194 CP) – Desestimación por inexistencia de delito - Legitimación activa de la Procuración General de la CABA rechazada

Nacional \ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Fecha resolución: 04 - Sep - 2020

“(…) El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo:

Los agravios expuestos en el recurso de apelación, sostenidos en el memorial, no resultan suficientes para desvirtuar los fundamentos del auto que se revisa, por lo que corresponde confirmarlo.

Las circunstancias denunciadas se circunscriben a la manifestación que tuvo lugar el día 13 de noviembre de 2018, en el horario comprendido entre las 10:45 y las 13:15 horas, en la cual un grupo de aproximadamente 1000 personas, portando banderas con consignas “DOTA”, “EL PUENTE” y “UTA”, interrumpió de forma total el tránsito sobre la Avenida 9 de Julio y su intersección con la calle Lavalle de esta ciudad, afectando, según los cálculos estadísticos realizados Dirección General de Sumarios, aproximadamente nueve líneas de colectivos, quinientos sesenta servicios y doce mil pasajeros.

En consonancia con lo argumentado por el titular de la acción penal, criterio que fue receptado por el juez de grado en el auto recurrido, no es posible afirmar, como pretende el recurrente, que los hechos denunciados encuadren en la figura penal prevista y reprimida por el art. 194 del Código Penal, por cuanto no se verificó en el caso la existencia de un peligro concreto en la integridad de las personas que hubieran sido afectadas por el entorpecimiento del transporte terrestre, sino que, meramente, se constató la afectación de ese servicio (confr. causa n° CCC 34.459/2018 “NN s/ entorpecimiento de servicio público”, Sala V, resuelta el 20/12/2019).

En este aspecto, se destaca que el acto que interrumpió el tránsito en aquella intersección permitió que los colectivos, automovilistas y transeúntes utilizaran vías alternativas, sin que se haya puesto en peligro bien jurídico alguno de los particulares, más aun teniendo en cuenta que la manifestación se desarrolló en forma pacífica, prueba de ello es que no fueron requeridas las fuerzas de seguridad para intervenir y contener la protesta (cfr. fs. 42).

A raíz de lo expuesto, también corresponde homologar lo decidido respecto de la denegatoria a la solicitud de ser tenido como parte querellante, en tanto el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación establece como condición indispensable la existencia de un hecho ilícito, razón por la cual estimo que su legitimación activa luce improcedente (ver causa Nº 66.516/19 de la Sala V, “D.D.F”, del 31 de octubre de 2019).

Así las cosas, comparto los argumentos expuestos por el juez instructor en el auto impugnado y voto por confirmar la decisión bajo análisis.

El juez Pablo Guillermo Lucero dijo:

En cuanto al fondo de la cuestión, adhiero a los fundamentos expuestos por el Dr. Pociello Argerich.

Por otra parte, respecto a la legitimación activa en el proceso, considero que la comisión del delito contemplado en el artículo 194 del CP importa la afectación de la circulación del transporte por vías públicas y el recurrente no demostró de qué manera el corte total en cuestión afectó directamente sus intereses, más allá de su rol genérico de contralor.

Como he sostenido (in re causas nº 33.577/2018, “N.N.”, del 22/10/2018, 57810/18 “N.N.”, del 13 de marzo de 20019, entre otras), a diferencia de lo que ocurre con otros entes gubernamentales a los que se les habilita su intervención como parte querellante (por ejemplo, la UIF o el BCRA en casos de lavado de activos), no advierto -y tampoco se acreditó- que el suceso denunciado produjera un perjuicio real y concreto a los intereses de la Procuración General de la CABA.

En cambio, ello sí afecta a los habitantes que no tienen representación directa por parte de la Procuración, por lo que en asuntos como el presente “el único acusador con legitimación propia y natural, conforme al sistema, es el Estado, por intermedio del órgano predispuesto para ello, sintéticamente expresado, el ministerio público fiscal o la fiscalía” (Julio B. J. Maier, Derecho Procesal Penal, Del Puerto, Bs. As., 2003, t. II, p. 648).

En efecto, el artículo 120 de la Constitución Nacional establece que “El Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad en coordinación con las demás autoridades de la República”.

Nuestra Constitución le asigna la representación de “los intereses generales de la sociedad” al Ministerio Público, de modo que la cuestión acerca de quién debe representar a los vecinos de la ciudad se encuentra zanjada por disposición de nuestra Carta Magna.

Así voto (...)”

Descargar archivo 1 : fallos49385.pdf
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