Acuerdo conciliatorio no homologado – Fiscal que se opuso por razones de política criminal – Magistrado que consideró fundada y vinculante la oposición fiscal – Delito de contenido patrimonial sin grave violencia sobre las personas

Nacional \ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Fecha resolución: 31 - Ago - 2020

“(…) I. Motiva la intervención de la Sala el recurso de apelación deducido por la defensa de G. D. Pérez, contra la decisión del Juez de la anterior instancia mediante la cual se rechazó la homologación del acuerdo de conciliación presentado por la Defensoría Oficial.

En virtud de la Declaración de Emergencia Sanitaria dispuesta por el P.E.N. mediante D.N.U 260/2020 y lo resuelto por el Acuerdo de Superintendencia de esta Cámara con fecha 16/3/2020, se suplió la audiencia oral prevista en el artículo 454 del CPPN por un memorial escrito que presentó la defensa a través del Sistema de Gestión Lex-100. Por la misma vía, ejerció su derecho a réplica la Fiscalía General nro. 3. De esta manera, las actuaciones quedaron en condiciones de ser resueltas.

II. En el marco de la audiencia celebrada en la instancia de origen, el recurrente solicitó la homologación del acuerdo conciliatorio suscripto con la víctima, mediante el cual el imputado ofreció abonar la suma de cinco mil pesos ($5.000) en concepto de conciliación y reparación integral del perjuicio a E. M.. Además, solicitó se disponga la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de su asistido.

Conforme se desprende de la grabación de la audiencia, la representante del Ministerio Público Fiscal manifestó su oposición al acuerdo alegando que no le habían sido explicados al damnificado los términos y alcances del convenio. Además destacó que, si bien la conducta atribuida a G. D. Pérez permitía objetivamente la aplicación del artículo 34 del Código Procesal Penal Federal, en tanto no se había ejercido violencia sobre las personas y se trataba de un delito de contenido patrimonial, su negativa se fundaba en razones de política criminal.

Sobre este aspecto, argumentó que Pérez registra cuatro condenas -la última de ellas, a cuatro años de prisión de efectivo cumplimiento- de relativa gravedad, e incluso fue declarado reincidente. Destacó que pese a las advertencias que representaron tales sanciones, se vio nuevamente involucrado en las presentes actuaciones. A partir de ello, alegó que existía un interés público en perseguir penalmente al procesado y sostuvo que, más allá de que el art. 34 del CPPF no contemplara esta exigencia (es decir, la ausencia de antecedentes condenatorios) para la procedencia del acuerdo conciliatorio, no podía presumirse la incongruencia del legislador razonando que si la suspensión del proceso a prueba exige de parte del peticionante la ausencia de antecedentes, debería resultar admisible la oposición fiscal por motivos de política criminal.

El magistrado de grado resolvió rechazar la aplicación del instituto en cuestión con fundamento en la oposición fiscal, que consideró vinculante al momento de evaluar la procedencia del acuerdo conciliatorio al hallarse debidamente fundada. Dicha decisión fue apelada por la defensa, motivando la intervención de esta Sala.  

III. En función de lo dispuesto por la Resolución 2/2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, no se encuentra en discusión la operatividad del art. 34 del CPPF que prevé la conciliación como un modo de extinción de la acción penal.

Así, cabe recordar que el artículo 34 del Código Procesal Penal Federal establece expresamente que la conciliación procede “en los casos de delitos con contenido patrimonial cometidos sin grave violencia sobre las personas o en los delitos culposos si no existieran lesiones gravísimas o resultado de muerte”.

Según la imputación formulada en el sumario se le reprocha a Pérez “haberse apoderado ilegítimamente mediante fuerza en las cosas y en un accionar connivente y de previa planificación conjunta con otro sujeto aún no identificado de bienes de valor que se encontraban en el interior del maxi kiosco denominado “C.” sito en la Avenida S. (...) (esquina ....) de esta Ciudad. Para ello, violentaron la persiana metálica del comercio, forzándola y doblándola y rompieron un frente vidriado, hasta lograr acceder a su interior. Minutos después, personal policial fue desplazado por el Departamento Federal de Emergencias hacia la zona y detuvo al imputado en la avenida Amancio Alcorta y su intersección con Einstein de esta Ciudad…”. Ello habría ocurrido el pasado 12 de febrero, en horas de la madrugada.

Las objetivas características del episodio reseñado, con contenido patrimonial y cometido sin violencia sobre las personas, tornarían procedente el instituto previsto en el artículo 34 del CPPF.

Del escrito aportado por el Defensor Oficial y la audiencia de conciliación celebrada, a su vez, se advierte que el damnificado manifestó su conformidad con el modo de resolución del conflicto señalando que se sentía satisfecho con la suma ofrecida “a modo simbólico” por el imputado.

No obstante, como se adelantó más arriba, la representante del Ministerio Público Fiscal se opuso a la homologación del acuerdo invocando razones de política criminal y de interés público.

Entonces, tal como hemos sostenido en forma reciente “frente a este panorama no quedan dudas que se está en presencia de un obstáculo que impida homologar cualquier tipo de acuerdo entre la acusación privada y los imputados, por carecer del consentimiento del representante del Ministerio Publico Fiscal en un delito de acción pública.

El acuerdo del Fiscal y de la víctima son dos requisitos ineludibles que se exigen para que la conciliación opere como causa de extinción de la acción penal, en este aspecto, y más allá de requerirlo expresamente la legislación [] también lo ha exigido la jurisprudencia (confrontar en tal sentido el voto del doctor Luis Fernando Niño en el precedente “Verde Alva”)” (ver precedente “Difranza”, citado en el voto del Dr. López, en la causa nro. 71.599, “Olivarez, Daniel Darío”, rta. 12/9/19, Sala V, CCC).

De tal suerte, habida cuenta que el dictamen fiscal cumple con el requisito de motivación suficiente exigido por el artículo 69 del CPPN, cabe concluir que cualquier decisión jurisdiccional que prescinda de su conformidad implicaría ejercer actos de disposición sobre la acción penal por parte de la autoridad judicial, lo cual está expresamente vedado por los arts. 5 del CPPN y 120 de la CN.

La circunstancia de que este Tribunal destacara, al momento de su intervención en el incidente de excarcelación del imputado, la necesidad de llevar a cabo la audiencia pertinente para analizar la procedencia del acuerdo conciliatorio celebrado -ya para ese entonces- entre la víctima y el imputado, en nada modifica el criterio expuesto, pues, en definitiva, la suerte del asunto fue sellada a partir de lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal (art. 120 C.N.). (...)”

Descargar archivo 1 : fallos49357.pdf
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