Querellante que promueve investigar el delito de violación de secretos (art.156 CP) - Registros fílmicos obtenidos en un allanamiento divulgados en medios periodísticos - Operatividad de la cláusula constitucional del art. 43, párrafo 3º de la CN

Nacional \ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Fecha resolución: 24 - Ago - 2020

“(…) I. La jueza de la instancia de origen dispuso el archivo de las actuaciones por imposibilidad de proceder, decisión que fue impugnada por el querellante A. S. Kalbermatten.  

II. En atención a lo ordenado en el legajo, la parte recurrente presentó un memorial mediante el Sistema de Gestión Lex 100 por el que amplió los agravios expuestos en el recurso. De tal modo, la causa quedó en condiciones de ser resuelta.

III. De manera liminar, debe señalarse que estas actuaciones se iniciaron a raíz de una presentación efectuada por el Dr. Kalbermatten en la causa n° 75110/2017. Allí denunció la comisión del delito de violación de secretos (art. 156 del CP) y la ruptura de la cadena de custodia de los registros fílmicos que captaron el allanamiento practicado en el marco de esas actuaciones –que estaban bajo secreto de sumario–, ya que las imágenes fueron divulgadas en distintos medios periodísticos.

A partir de ello, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó el expediente referido “ad effectum vivendi et probandi” y le peticionó a las empresas de comunicación que indiquen cómo habían conseguido los videos publicados, aunque éstos se negaron a brindar esa información tras ampararse en el secreto de la fuente periodística.

En consecuencia, el acusador público le requirió a la Jueza de primera instancia el archivo de las actuaciones por imposibilidad de proceder, planteo que tuvo favorable acogida en la instancia de grado al considerar que no había medidas probatorias pendientes de producción que permitieran averiguar quién les había facilitado el material.

El querellante entendió que esa decisión era prematura, por lo que formuló recurso de apelación y postuló que se cite a prestar declaración testimonial a los productores y periodistas de los programas televisivos que habían emitido el video.

A su vez, sostuvo que era conducente practicar allanamientos en las oficinas de las compañías informativas, a fin de obtener los registros de las cámaras de seguridad o los documentos donde consten las personas que ingresaron el 28 de diciembre de 2017. De igual modo, instó a que se convoque a los responsables de las empresas de seguridad que allí se desempeñaban, para que expliquen cómo era el protocolo a seguir cuando recibían este tipo de correspondencia.

Por otra parte, indicó que debía realizarse un peritaje tecnológico en los teléfonos celulares de los posibles responsables, con el objeto de conocer su geolocalización y corroborar si alguno de ellos fue quien entregó los videos a los medios de comunicación. En esa línea, el acusador particular señaló como posibles “sospechosos” a los directivos, al personal y a los abogados del grupo “P.”, aunque tampoco descartó la responsabilidad del Juez, el Secretario del juzgado y el representante del Ministerio Público Fiscal que intervinieron en la causa 75.110/2017, ni de los efectivos policiales que llevaron a cabo el allanamiento –a estos últimos los sindicó al ratificar su denuncia ante la Fiscalía–.

Ahora bien, en primer lugar debe mencionarse que la razón por la cual no se intimó a los canales televisivos y al periódico para que informen quién les facilitó los videos publicados impide que se materialicen algunas de las alternativas probatorias postuladas en el remedio procesal a estudio.

En efecto, la Ley Suprema garantiza el derecho a la libertad de prensa por cuanto éste cumple un rol esencial en el control de los actos de gobierno. Para ello, asegura la confidencialidad de las fuentes que les han brindado la información a los periodistas, lo que impide que éstos últimos sean compelidos a develar la forma en la que obtuvieron el material o la identidad de la persona que se lo facilitó (art. 43, tercer párrafo, de la CN).

Al respecto, se ha dicho que “está fuera de duda que no se debe obligar a un periodista a revelar sus fuentes de información, ni aún en causas penales para investigar la comisión de delitos y la autoría de ellos”, pues su objeto trasunta en “el descubrimiento de la verdad a través de la libre circulación de las noticias obtenidas, éstas, muchas veces bajo reserva y que, de otro modo, no se conocerían. El descubrimiento de la verdad de los hechos tiene particular importancia en la investigación de los delitos y en el control del gobierno y de las eventuales ilegalidades que afectan directamente al proceso democrático” (Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina. Comentada y Concordada, 2° Edición, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2004, ps. 416/417).

En la misma senda, cabe destacar que “la prensa de nuestro país encuentra notablemente fortificado el ejercicio de su libertad de expresión, mejorando, no cabe duda, la ya muy amplia protección de la Constitución histórica, ya que sin la garantía del secreto de la fuente u origen de la información periodística y su correlato (los datos confidenciales obtenidos por ellas), el ejercicio de la libertad de prensa puede convertirse, de hecho, en ilusorio. Mediante esta protección especial se procura impedir la virtual autocensura de todos aquellos que tuvieren informaciones útiles a la función informativa e investigativa que debe cumplir la prensa, por temor a encontrarse incluidos en algún tipo de responsabilidad penal o civil, o de ser objeto de represalias como consecuencia de haber facilitado los datos que luego la prensa hace públicos. La forma más relevante en que opera esta protección es a través del reconocimiento del secreto profesional, lo que acarrea la abstención de revelar la fuente de información especialmente en sede judicial” (Quiroga Lavié, Humberto, Benedetta, Miguel Ángel y Cenicacelaya, María de las Nieves, Derecho Constitucional Argentino, Tomo I, 2° Edición Actualizada, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fé, 2009, p. 187).

De esta manera la interpretación que cabe efectuar de las normas procesales es aquella que las integre con las normas constitucionales y que permita una exégesis integral del sistema jurídico. La forma en que protege la Constitución Nacional la libertad de prensa, arts. 14 y 32 de la C.N. por medio de la protección de la reserva de las fuentes de información demuestra que la prueba propuesta por el impugnante es inadmisible porque implicaría desconocer el mandato constitucional que prevalece en la interpretación normativa por sobre las finalidades procesales que busca el apelante. En esta inteligencia, en su caso de hacerse lugar a lo peticionado las pruebas que se incorporen carecerían de valor y deberían ser anuladas por ser contrarias a la norma constitucional.

La cláusula constitucional del art. 43, párrafo 3° de la C.N. es operativa, por cuanto de no ser así carecería de efecto sobre las normas procesales e implicaría desconocer esta garantía constitucional. Por este motivo la situación de los periodistas que puedan encuadrarse en las previsiones del art. 156 del C.P.  tienen que ser interpretadas a la luz de esta norma constitucional. La falta de ley reglamentaria no es óbice para su aplicación al proceso. En este contexto la invocación de esta especial protección constitucional por parte de los periodistas afectados luce razonable para preservar sus fuentes de información.

Al compulsar la jurisprudencia comparada se advierte que la Suprema Corte de los Estados Unidos interpretó el alcance del derecho a la libertad de prensa de una manera similar, por cuanto pronunció que “en la Primera Enmienda los Padres Fundadores le brindaron a la libertad de prensa la protección necesaria para cumplir su rol esencial en nuestra democracia. La prensa está para servir a los gobernados y no a los gobernantes. El poder del gobierno para censurar la prensa fue abolido para que la prensa pudiera permanecer para siempre libre de censurar al gobierno. La prensa fue protegida al punto de poder acceder a los secretos del gobierno e informar al pueblo. Solamente una prensa libre y sin restricciones puede efectivamente exponer el mal funcionamiento del gobierno” (Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso: “New York Times v. United States”, 30/6/1971 citado en García Mansilla, Manuel; “La prensa está para servir a los gobernados y no a los gobernantes”; La Nación, Bs. As., 2020, p. 29.).

La Corte Suprema de los Estados Unidos también consideró en relación a esta protección constitucional que: “un periodista no puede ser perseguido penalmente por la publicación de información de interés público, aun cuando hubiese sido obtenida de forma ilegal por un tercero…La Corte consideró que, aunque no había participado en la interceptación ilegal de la llamada, el periodista conocía su origen ilícito y a pesar de ello, decidió darla a conocer al público. El tribunal declaró inconstitucional la ley federal por entender que violaba la primera enmienda en su aplicación a los periodistas…” (ver García Mansilla, Manuel; “La prensa está para servir a los gobernados y no a los gobernantes”; ob. Cit.)

Ante este panorama, dado que en este legajo se investiga un asunto de interés público y que los afectados han invocado la protección constitucional reseñada, art. 43 párrafo 3° de la C.N., habrá de rechazarse varias de las medidas propuestas por el querellante –a saber, la citación a prestar declaración testimonial de los periodistas y empleados de los medios de comunicación y el allanamiento de esas oficinas–, pues no son más que distintas vías para intentar averiguar a través de la prensa cómo obtuvieron los registros fílmicos exhibidos, circunstancia que contraría de manera palmaria el mandato constitucional previamente aludido.

De otro lado, el apelante propuso que se practiquen peritajes informáticos sobre los teléfonos celulares de quienes –a su entender– pudieron haber llevado a cabo la conducta denunciada. En relación a su solicitud, debe recordarse que la medida aludida implicaría una intromisión en la intimidad de esas personas y, más allá de no hacerlo de manera absoluta, la Carta Magna tutela ese derecho contra injerencias arbitrarias (artículo 18 de la CN).

Así las cosas, al no obrar en la pesquisa elementos de convicción suficiente que permitan motivar esa práctica excepcional contra alguna de las numerosas personas que el apelante señaló como posibles responsables de la conducta investigada, corresponde afirmar que esta vía tampoco luce procedente.

En consecuencia, las medidas propuestas por el particular damnificado son inconducentes y no se vislumbran otros medios probatorios que permitan identificar al responsable del presunto delito, por lo que el temperamento adoptado en la instancia de grado –a instancia del Ministerio Público Fiscal– merece ser confirmado (...)”

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