Extinción de la acción penal – Prescripción - Sobreseimiento - Abuso sexual simple – Transcurso del máximo de la pena prevista – Confirmación

Nacional \ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Fecha resolución: 13 - Ago - 2020

“(…) I.  Hecho:

“(…) se atribuye a N. O. G. el haber abusado sexualmente de su empleada A. M. R., el día 31 de julio de 2015, en el interior de la oficina de la inmobiliaria ‘C. M. S. R. L.’, ubicada en la calle …… de esta ciudad.

 En dicha ocasión, mientras la damnificada se encontraba sentada frente al escritorio del imputado, éste se le acercó, la sujetó del cuerpo y abrazó, luego la levantó e intentó besarla en sus labios, no logrando su cometido dado que la víctima se resistió, lo empujó y consiguió soltarse, oportunidad en la que G. comenzó a llorar y a decirle que ‘la quería mucho’.

 En ese contexto, la denunciante refirió que el imputado había decidido despedirla dado que, previo al encuentro descripto, ya la había dado de baja en la AFIP.”

 Análisis de la cuestión:

Los cuestionamientos expuestos por la parte recurrente no logran conmover la decisión impugnada.

Coincidimos con lo resuelto por la jueza de grado, y lo sostenido por el Ministerio Público Fiscal y la defensa al contestar la vista correspondiente, en cuanto a que la conducta endilgada a N. O. G. encuentra adecuación típica en el artículo 119, primer párrafo, del Código Penal (abuso sexual simple).

Es que el único elemento probatorio con el que contamos para reconstruir el accionar de G. es el relato brindado por A. M. R. al efectuar la denuncia que iniciara la presente causa y su declaración testimonial ante la fiscalía interviniente.

Sin perjuicio de la calificación legal que le otorgó la querella provisoriamente al comienzo (también la de abuso sexual simple), en el escrito de denuncia, R. fue contundente al afirmar que “(…) mientras estaba sentada frente al escritorio, de él, se acercó a mí, me levantó, me agarró, me abrazó e intentó besarme en la boca, aunque no logró cumplir con su cometido merced a la resistencia que logré oponerle”.

Posteriormente, en la sede de la fiscalía, refirió que “(…) el imputado la abrazó con suma fuerza, que imposibilitó que la declarante se moviera, siendo que en ese momento intentó besarla a lo que la declarante se resistió y en determinado momento lo empujó y logró soltarse, ocasión en la que, ante los reclamos de la declarante, el imputado le comenzó a llorar y a decirle que la quería mucho”.

Del análisis de sus palabras, en ambos casos, se advierte que G. intentó besarla.

Si bien ahora R. interpreta que su finalidad era accederla carnalmente, dado que al tomarla por la fuerza, levantarla de su asiento e intentar recostarla en el escritorio -actitud esta última que no había enunciado en sus anteriores exposiciones- “(…) G. había desandado una parte sustancial del iter criminis de la figura de violación (…) pues tales conductas resultan acciones inmediatamente anteriores al coito sexual (…)”, no existe ningún indicio en la exteriorización de la conducta del imputado que permita inferir que su voluntad era llevar a cabo la acción reprimida en el artículo 119, tercer párrafo, del CP.

Finalmente, en relación con lo manifestado por la parte recurrente al sostener que el instituto de la prescripción no debe ser aplicado al caso en virtud de que ello vulneraría los derechos otorgados a las víctimas en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (“Convención de Belém do Pará”), no tendrá acogida favorable.

No existen normas de jerarquía superior al Código Penal que expresamente asignen a este tipo de delitos el carácter de imprescriptibles y, como consecuencia de ello, tornen al instituto de la prescripción inaplicable al caso, como lo son aquellos englobados en la categoría de “graves violaciones de derechos humanos”. A estos, lo que los distingue, “(…) es que todos los casos invocados, en los cuales, efectivamente, se sostuvo que la inacción estatal ante el reclamo de justicia de la víctima implicaba violación a las reglas contenidas en los artículos 8 inc. 1 y 25 de la Convención (derecho a tutela judicial efectiva), son casos en los que se trataba de reclamos de víctimas de delitos de lesa humanidad o, cuanto menos, de graves violaciones a los derechos fundamentales, cometidos desde el poder del estado o al amparo de este” (causa 38644/2015 -Reg. N° 1643/2018- de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, del 18/12/18, voto del juez Mario Magariños).

El derecho internacional no impide que los Estados parte establezcan reglas de prescripción de la acción penal respecto a los delitos de abuso sexual cometidos por cualquier persona, salvo que lo haga desde el Estado, con su aprobación o con su protección.

Por todo lo expuesto, dado que el hecho denunciado se habría producido el 31 de julio de 2015 y el devenir prescriptivo recién se vio interrumpido por el llamado a prestar declaración indagatoria del 22 de noviembre de 2019 (artículo 67, inciso b, del Código Penal), de manera tal que en ese lapso transcurrió el máximo de la respuesta punitiva prevista para el delito atribuido de cuatro años, calificación legal que ha sido mantenida desde el inicio de estas actuaciones, habremos de confirmar la decisión apelada (...)”

Descargar archivo 1 : fallos49281.pdf
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