Cese de prisión preventiva rechazado - Excarcelación cuyo rechazo fue confirmado por la Sala. Situación procesal que no ha variado - Imputado procesado con prisión preventiva como miembro de una asociación ilícita dedicada a cometer delitos

Nacional \ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Fecha resolución: 16 - Jun - 2020

“(…) I. El juez de la instancia de origen resolvió denegar el pedido de cese de la prisión preventiva de L. M. Lastra, decisión que fue apelada por su defensa particular.

I. Presentado el correspondiente memorial mediante el Sistema informático de Gestión Judicial Lex-100, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver el planteo.

III. La situación de detención del procesado L. M. Lastra fue analizada el pasado 14 de noviembre de 2019 por esta Sala en el marco de esta incidencia, oportunidad en la cual se confirmó la denegatoria de su excarcelación.

De acuerdo a las constancias incorporadas al sistema informático, se verifica que la situación en cuestión no ha mutado de modo tal que permita en esta instancia adoptar una respuesta diferente.

Así, se valora que Lastra fue procesado con prisión preventiva por haber sido encontrado penalmente responsable del delito de asociación ilícita, en calidad de miembro (art. 210 del Código Penal). Dicha decisión a la fecha se encuentra firme.

La escala penal prevista para el delito que se le atribuye impide encuadrar su situación en la primera de las hipótesis contempladas en el artículo 316, segundo párrafo, en función del 317 del CPPN, pues la penalidad máxima excede los ocho años de prisión.

Si bien el mínimo de la calificación legal en cuestión y la ausencia de antecedentes condenatorios (ver fs. 6 del incidente de exención y 4 del legajo de identidad personal) tornaría viable la concesión del derecho peticionado en función de la segunda alternativa de la normativa citada, los riesgos procesales se mantienen y aconsejan, a tenor del artículo 319 del ordenamiento ritual y 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal, de acuerdo a lo establecido en los artículos 7 de la ley 27.063 y 2 de la ley 27.150, el mantenimiento de su encierro cautelar, en las condiciones que seguidamente se expondrán.

En efecto, con miras a tener por acreditado el riesgo de fuga, conforme lo prevé específicamente el artículo 221 de la ley 27.063, se tiene en cuenta la concreta imputación que se le dirige, que ilustra la seriedad y gravedad de los hechos que configuran la imputación. Así, se tiene en cuenta que Lastra formaría parte de una organización criminal estable, prolongada y permanente compuesta por múltiples individuos con actuación predeterminada, en forma conjunta y sistemática, con el objeto, entre otras cosas, de cometer delitos contra la propiedad.

Se valora especialmente que los hechos que perpetraría la organización consistirían en interceptar a sujetos que transportaban elevadas sumas de dinero simulando ser personal policial, trasladándose con automóviles en algunos casos con patentes mellizas, y mediante la exhibición de armas e identificaciones falsas, lograr la sustracción ilegítima. En varios de esas oportunidades, se comprobó el seguimiento de las víctimas, el suministro de información personal de éstas y el uso de violencia física y amenazas para lograr los fines buscados. Específicamente, respecto de Lastra, se lo acusó de haber brindado datos a otros integrantes de la organización criminal respecto a dónde se encontraba el dinero que debía ser sustraído en una oportunidad (ver procesamiento del 25 de octubre de 2019). Ello, más allá de que se intenta determinar su intervención en otros posibles episodios delictivos (v. dictamen fiscal del 8 de mayo de 2020).

El grado de relaciones personales entre los coimputados -uno de los cuales se encuentra prófugo con pedido de captura nacional e internacional (fs. 2119)-, y el hecho de que cuentan con el auxilio de otras personas para continuar en la clandestinidad, así como también la existencia de otros hechos cuya individualización aún se encuentra pendiente, inciden sustancialmente y en forma negativa para considerar el pedido de libertad postulado.

Así, se tiene especialmente en cuenta el procesamiento dictado respecto de los imputados O. A. Oliveri, C. A. Vega y G. N. Moreno, quienes habrían prestado sus viviendas, vehículos y ayuda para lograr que C. M. Díaz, organizador de la asociación ilícita, lograra evadir la justicia y mantenerse en la clandestinidad, extremos que permitieron que aquél se mantuviese prófugo por un extenso período (ver en tal sentido resolución del 20 de noviembre de 2019). Lo expuesto ilustra acerca de la disponibilidad de recursos humanos y materiales con los que cuenta la asociación criminal que integraría para mantenerse al margen de la ley (artículo 221 del CPPF).

Por otro lado, en cuanto a su arraigo, tal como se sostuvo en su oportunidad, se valora que si bien aportó un domicilio constatado, lo cierto es que al momento en el cual se procedió a su allanamiento, no se logró su detención (fs. 1971/1973) y si bien compareció ante los estrados del tribunal en forma voluntaria -fs. 2806-, lo cierto es que ello ocurrió una vez que tomara conocimiento que pesaba sobre su persona una orden de detención y que se le denegara su pedido de exención de prisión.

Asimismo, conforme surge de la resolución impugnada, se pondera que su soltura podría entorpecer la investigación, ya que aún restan medidas de prueba que permitirán determinar si participó en otro suceso delictivo, respecto del cual Lastra aportó información personal del damnificado, por lo que debe evitarse que reciba intimidaciones que busquen modificar su relato o el de quienes estuvieron presentes durante la ocurrencia de dicho suceso (ver indagatoria del 13 de enero de 2020 y declaración testimonial de M. A. B. del 20 de febrero de 2020).

Además, resulta trascendental para tener por configurado el riesgo procesal en cuestión las comunicaciones que mantuvo con un contacto desde su abonado telefónico antes de ser detenido, en las que, conforme surge de las transcripciones, tras conocerse la orden de allanamiento en su domicilio y de detención, refirió haber borrado los mensajes que mantuvo por WhatsApp y eliminado el contacto de “Maxi”, sobrenombre del organizador de la organización criminal a la que pertenecería. Lo expuesto denota de manera palmaria el riesgo previsto en el artículo 222, inciso a, del CPPF, pues vislumbra que mientras el acusado estuvo en libertad desplegó conductas tendientes a entorpecer la pesquisa.

En el contexto descripto, las circunstancias aludidas acreditan indicios objetivos razonables que imponen la necesidad de que el nombrado continúe privado de su libertad, en tanto que de recuperarla, no se someterá al accionar judicial.

Es que la medida de coerción debe ser confirmada por ser indispensable en tanto las sustitutas previstas en los artículos 310, 320, 321 y 324 del Código Procesal Penal de la Nación como las descriptas en el artículo 210 del CPPF, conforme ley 27.063, lucen insuficientes para evitar el peligro de fuga reseñado.

Una caución juratoria, como ser la promesa del imputado, la obligación de someterse al cuidado de una persona, de presentarse ante la autoridad, la prohibición de salir del país y la retención de documentos de viaje resultan inidóneas a fin de garantizar la aplicación de la ley, al evaluar que dependen de la voluntad del procesado (art. 210 inc. a, b, c, d, e) y, de acuerdo a las pautas reseñadas, es altamente probable que no se someta voluntariamente al proceso.

Además, la vigilancia del encausado mediante algún dispositivo electrónico de rastreo o posicionamiento de su ubicación física (art. 210, inc. i y j del CPPF), también lucen inconducentes al tener en consideración las circunstancias expuestas en el párrafo que antecede y en función de la intensidad de los peligros reseñados.

Así las cosas, la prisión preventiva se presenta como la medida de coerción idónea, necesaria e indispensable para lograr la aplicación de la ley al caso por cuanto las anteriores no son suficientes para asegurar los fines indicados, ni se han aportado pautas que ameriten su posible aplicación.

Por último, en cuanto a la proporcionalidad de la prisión preventiva se considera que resulta proporcional y razonable al tener en cuenta las graves características de los hechos que se le endilgan (artículo 221 del CPPF y precedente “Domínguez” de la CSJN, Fallo 322:1605).

Sin perjuicio de lo expuesto, se estima necesario encomendar a la instancia de origen imprimir celeridad en el caso del procesado L. M. Lastra, quien se encuentra privado de su libertad desde el pasado 31 de octubre de 2019, a efectos de que se materialicen los actos necesarios para que el nombrado pueda afrontar, de así requerirlo el titular de la acción pública, el juicio oral y público a la brevedad. En caso de que esto no se realice de manera pronta, el planteo efectuado por la defensa deberá ser reevaluado teniendo en cuenta dicha circunstancia (...)”

 

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