Homicidio en ocasión de robo. Participación criminal del campana

Nacional \ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Fecha resolución: 12 - Jun - 2020

“(…) I. No es materia de controversia que el 20 de marzo pasado, a las 3:10 aproximadamente, un sujeto que podría tratarse de D. S. O., a cuyo respecto se libró orden de captura, logró ingresar en la vivienda situada en la calle Conde (...), en esta ciudad, luego de forzar la reja de la ventana corrediza de la planta baja. Desde el primer piso, donde dormía junto a su mujer y sus dos hijas, J. D. G. advirtió la presencia del extraño y al intentar echarlo de allí, para lo cual se trabó en lucha, el individuo, utilizando un cuchillo, le asestó una herida cortopunzante en el paquete vascular axilar. Como consecuencia de la hemorragia externa e interna, G. falleció instantes después en presencia de su concubina (ver informe de autopsia obrante a fs. 228/240).

A M. R. BENITEZ. se le imputó su participación necesaria en el hecho, puesto que mientras aquél sujeto se introducía en la casa de la víctima, ella permaneció vigilante en el exterior en un rol voluntariamente asumido de auxilio y resguardo para que la incursión criminal pudiera tener éxito.

Los agravios de la defensa se enderezan a cuestionar la intervención de la imputada en el hecho y, subsidiariamente, el grado de participación atribuido, en razón de que desconocía que su coimputado llevaba consigo un arma, por lo que, en todo caso, sería una partícipe secundaria y debería responder por el delito de robo simple, previsto en el art 164 del Código Penal.

II. Los argumentos de la defensa carecen de entidad para desvirtuar el plexo probatorio, que se exhibe suficiente en los términos del art. 306 del CPPN.

En esa dirección, se pondera la actuación de la Brigada de la Comuna 12 bajo las órdenes de la fiscalía a la que le fue delegada la instrucción.

En efecto, a las pocas horas del luctuoso suceso, los policías que recorrían el Barrio (...), aledaño a la vivienda de la víctima, fueron abordados por distintos vecinos que no quisieron brindar sus datos personales por el temor que les generaban los autores del hecho. Empero, refirieron, en lo que aquí interesa, que el homicidio había sido cometido por un hombre apodado “P.” -a la sazón D. S. O., cuya identidad también aportaron- y una mujer llamada “M. BENITEZ”, quien ofició de “campana”. Agregaron que momentos antes de irrumpir en la vivienda de G., “P.” deambulaba por el barrio munido de un arma blanca y amedrentaba a quien se pusiera en su camino. Hicieron hincapié en que lo habían visto a las 2:10 aproximadamente “con un arma corto punzante del tipo cuchillo ya con intenciones de ilícito” y que el sindicado ocupaba una finca en el interior del barrio junto a “la M.” (fs. 123).

A raíz de las filmaciones registradas por cámaras públicas y privadas -detalladas exhaustivamente en el dictamen fiscal obrante a fs. 619/624 vta.- pudo establecerse el recorrido que efectuó BENITEZ. en evidente concierto con O. hasta llegar a la casa de G., como también el momento en el que se alejó del lugar quitándose la prenda de vestir superior hasta quedar con una remera musculosa. Esa huida presurosa del lugar del hecho por parte de BENITEZ. encuentra explicación en los gritos de auxilio de A. G. B., cuando intentó ayudar a su pareja mientras era atacada por el intruso. Esas solicitudes llegaron a oídos de varios vecinos de las viviendas linderas, quienes llamaron al teléfono de emergencias 911, como lo prueban e ilustran las transcripciones agregadas a fojas 441/452. Sin duda también la escuchó la imputada, quien se alejó del lugar para ingresar luego al Barrio (...), mudando sus ropas durante el trayecto para evitar ser reconocida.

Al respecto, la División Individualización Criminal, al cotejar las imágenes de las filmaciones con las remitidas por el RENAPER y las obtenidas del perfil público de la red social “Facebook”, estableció que “la comparación entre muestras establece coincidencias formales entre los componentes faciales observables, pero no es posible ubicar características discriminantes que eleven el nivel de convicción”, con base en lo cual concluyó en que “podría tratarse de la misma persona” (fs. 601/604 vta.).

La defensa interpreta que el contenido de este informe impide afirmar categóricamente que se trate de su asistida y, por tanto, alega que debe ser ponderado a favor de BENITEZ, propiciando su desvinculación definitiva de la causa.

Sin embargo y aun cuando el cotejo de fotos en cuestión no condujo a los peritos a pronunciarse con certeza, todavía proporciona un indicio válido que, de todas formas, no constituye sino parte de los elementos de juicio en los que se ha sostenido la imputación, todos los cuales deben ser valorados de manera conjunta, evitando ponderaciones parciales como la que intenta el recurrente. Ello, con mayor razón, cuando en torno a este aspecto de la cuestión lo que se requiere en esta etapa es probabilidad y no una categoría de convencimiento que alcance lo apodíctico.

Así, además del acreditado vínculo entre ambos acusados, omite la defensa el testimonio de los investigadores policiales y las pesquisas practicadas inmediatamente después de ocurrido el hecho, así como lo dicho por la vecina P. L. U., quien al concurrir ese día a retirar a sus hijos de la escuela “(...)”, escuchó que el tal “P.” no había actuado solo en el hecho sino que lo había acompañado “M.” (fs. 466/vta.).

En el mismo sentido, C. B. G., ex suegra de O., afirmó que horas más tarde del suceso, mientras se encontraba en la vereda de su casa, tomó conocimiento por dichos de un vecino y de otros moradores “que una mujer de nombre M. BENITEZ …comentó y está diciendo que fue campana de P. al momento del robo devenido en homicidio, agregando que estos comentarios son vox populi de todo el Barrio (...)” (fs. 485/486).

En definitiva, el plexo probatorio reunido, debidamente detallado en el pronunciamiento apelado, conduce a tener por acreditada la intervención atribuida a BENITEZ.

III. En punto a la calificación legal, aun cuando resulte eminentemente provisoria, también habrá de ser homologada pues, con la convicción que esta instancia requiere, puede inferirse que la imputada sabía que su coimputado llevaba consigo un cuchillo al ingresar a la vivienda de la familia G.

Como se dijo y no ha sido refutado por la defensa, los policías recibieron desde un principio de los vecinos del lugar la advertencia de que O. exhibía en el Barrio (…)  un arma blanca amedrentando a ocasionales transeúntes, prolegómenos estos que tuvieron lugar menos de una hora antes de que aquél se introdujera en la casa de la víctima y le diera muerte con el arma en cuestión. Sana crítica mediante, tal extremo, por resultar público y notorio para los vecinos, conduce a considerar, razonablemente, que también era conocido por BENITEZ., quien lo secundó en la empresa criminal.

Consecuentemente, al menos con los elementos de convicción reunidos, cabe descartar la configuración de la figura básica del robo, propugnada por la defensa de BENITEZ.

Es que resulta razonable pensar que el ingreso al domicilio, munido el cómplice de un cuchillo, importaba cuanto menos su exhibición a modo intimidatorio y eventualmente su utilización a partir del poder vulnerante que un instrumento de tal naturaleza lleva ínsito -nótese que el puntazo llevó a la muerte de G.- en perjuicio de quien pretendiera neutralizar la acción. Ello, como parte de un plan asumido en común, cuya consecuencia final -dar muerte, como finalmente ocurrió- podía verificarse según las circunstancias que se presentaran.

Se descarta entonces en el caso aquel supuesto en doctrina conocido como exceso del coautor (Welzel, Hans, Derecho penal. Parte general, Roque Depalma, Buenos Aires, 1956, p. 113), siempre que las consecuencias que el hecho podía reportar se encuentran abarcadas por quienes, asumiendo cada uno un rol, tomaron parte en la ejecución del robo.

En ese mismo sentido,  el profesor y otrora juez de este Tribunal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Luis C. Cabral, luego de explicar la convergencia intencional, en la que está implicado "el propósito de lograr una meta común" propio de la participación, enseña que el principio de la personalidad de la culpabilidad presente en el art. 47 del Código Penal supone que el cómplice no debe responder cuando el autor "ha realizado una acción cualitativamente diferente de aquella en la que el partícipe quiso intervenir". Sin embargo -agrega-, tales supuestos deben distinguirse de aquellos en los que "el autor no se ha desviado de lo originalmente pensado, pero ha intensificado la acción llegando a resultados cuantitativamente más graves, no deseados aunque previsibles para el partícipe", es decir, como en nuestro caso, "cuando el autor no cambia la dirección de la acción sino que se limita a intensificarla más allá de lo querido por el partícipe" (Compendio de Derecho Penal y otros Ensayos, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1986, pp. 220 y 221). No es razonable sostener que al consentir en la intrusión de O. en la vivienda de la víctima, con fines de robo y blandiendo un arma blanca, BENITEZ no hubiera previsto que aquél pudiera haber finalmente utilizado el instrumento criminal y ultimado a uno de los moradores.

Se ha verificado entonces una convergencia de representaciones acerca de cómo podía desenvolverse la incursión a un domicilio habitado, de modo que el episodio bien podía complicarse, alcanzar consecuencias graves y culminar -como efectivamente sucedió- con la muerte de la víctima.

Sólo resta decir, en este aspecto, que también debe desecharse la argumentación que transita por una participación secundaria, más allá de la discusión que pudiere generarse en torno a si quien oficia de “campana” es coautor o partícipe principal (de la Sala IV, causa N° 85022/2019, “D, M. F., del 10 de diciembre de 2019 y de la Sala VII, causa N° 3691/2014, “M., J.L.”, del 23 de octubre de 2014) (...)”

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